Armada Nacional sancionada tras detectarse pagos irregulares de patrullas sin consentimiento de la ministra de Defensa Sandra Lazo. Foto. Dante Fernandez / FocoUy
Sandra Lazo sancionó a jerarcas de la Armada por ocultar información clave en la compra de dos patrullas oceánicas, firmando pagos millonarios sin su autorización previa.
La Armada Nacional vuelve a estar en el centro de la polémica. Cuatro altos mandos militares fueron sancionados por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, tras detectarse graves irregularidades en el proceso de compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama.
El caso se remonta a 2023, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció la adquisición de los buques por 82 millones de euros, equivalentes a unos 92 millones de dólares. En ese momento, el entonces ministro Javier García defendió la compra, pero las críticas del Frente Amplio, que luego ganó las elecciones, no tardaron en surgir.
Durante la transición de mando, ya con Sandra Lazo designada como futura ministra, se solicitó acceso al contrato de compra. Sin embargo, la transparencia brilló por su ausencia. El 27 de febrero, en una reunión clave, el comandante en jefe de la Armada de entonces, Jorge Wilson, no informó a las nuevas autoridades sobre un segundo pago que había firmado ese mismo mediodía.
No fue sino hasta el 20 de marzo que la ministra descubrió que se había autorizado un desembolso de más de 8 millones de dólares, sin su conocimiento ni aprobación. Un hecho que provocó la inmediata apertura de una investigación interna.
La ministra explicó que se había conformado un grupo de trabajo para auditar todo el proceso de compra. Según sus declaraciones, hubo ocultamiento de información crítica, con respuestas que calificó como faltas graves a la verdad. Además del almirante Wilson, fueron sancionados los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz, y el capitán de navío Marcelo da Silva.
Las sanciones impuestas incluyen arresto a rigor, una medida disciplinaria que evidencia la gravedad de lo ocurrido. Lazo enfatizó que no se cuestiona la necesidad de reforzar la flota naval, sino la falta de prolijidad y transparencia con la que se ejecutó la operación.
Por su parte, el Frente Amplio respaldó plenamente la decisión ministerial y reafirmó su postura crítica hacia la adjudicación directa realizada durante el gobierno anterior.
Ahora, la atención se centra en cómo se completará el proceso de compra y en qué medidas tomará el Ministerio de Defensa para evitar que episodios de este tipo se repitan en el futuro.
En tanto, el cargo de comandante en jefe de la Armada permanece vacante, con el contralmirante José Luis Elizondo a cargo de forma interina, mientras se define oficialmente quién liderará a la fuerza en esta nueva etapa.
El episodio refuerza un debate recurrente en Uruguay: la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en las compras estatales de gran porte, especialmente en áreas tan sensibles como la Defensa Nacional.