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El exintendente de Soriano, Agustín Bascou, fue condenado por irregularidades en compras públicas. Foto: Gonzalo Castillo / Focouy
Agustín Bascou recibió condena judicial por adquirir combustible para la intendencia en sus propias estaciones de servicio durante su mandato en Soriano.
La Justicia sentenció al exintendente de Soriano, Agustín Bascou, dirigente del Partido Nacional, luego del fallo emitido recientemente por el tribunal, según informó Radio Agraciada y confirmó Uruguay al Día. La resolución le impone 12 meses de libertad a prueba, la prohibición de ejercer funciones públicas durante cuatro años y una multa equivalente a 100 Unidades Reajustables, lo que representa unos $ 180.000.
El expediente se originó bajo el régimen del antiguo Código Penal y está relacionado a compras realizadas por la intendencia a estaciones de servicio que pertenecían a Bascou. Estas operaciones ocurrieron entre 2015 y 2020, durante su gestión al frente del gobierno departamental.
En 2023, la jueza penal de 1° Turno determinó el procesamiento de Bascou por el delito de conjunción de interés público y privado, a solicitud de la fiscal de Mercedes, Stella Alciaturi. La denuncia inicial había sido presentada en 2017 por ediles departamentales, y un año después sumaron nueva documentación que indicaba que Bascou había autorizado compras directas por un total de $ 600.000.
El Tribunal Penal de 2° Turno ratificó el procesamiento por mayoría, con dos magistrados a favor y uno en desacuerdo.
Según el fallo al que accedió Uruguay al Día, tanto Bascou como su esposa integraban la empresa Llanir SA, dueña de una estación de servicio de la red Ancap en la ciudad de Dolores. En 2014, apenas un año después de asumir la intendencia, Bascou dispuso que la flota de vehículos municipales cargara exclusivamente en las estaciones bajo su propiedad, mediante el Sistema de Contralor Vehicular (Sisconve).
Durante todo el período en que Bascou ocupó el cargo de intendente, ya sea en carácter de suplente o titular, la intendencia de Soriano continuó comprando combustible bajo el sistema Sisconve en las estaciones de servicio de la red Ancap en las cuales tenía participación accionaria, tal como consta en el expediente judicial.
