Refugiado ruso inicia huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva en Montevideo

Reconocido como refugiado en 2015 por persecución LGTB, un ciudadano ruso inició una huelga de hambre en Montevideo. Reclama que Uruguay le permita acceder a un documento de viaje y a los derechos laborales que le corresponden por ley.

Un refugiado ruso sin pasaporte protesta frente a Presidencia para exigir acceso laboral y un documento de viaje.

Refugiado ruso reconocido en Uruguay reclama por sus derechos laborales y pide un documento para reasentarse en un tercer país, según protocolo ACNUR.

Llegó a Uruguay en 2015, escapando de la persecución por su orientación sexual en Rusia. El Estado uruguayo lo reconoció formalmente como refugiado bajo la categoría de protección por motivos de orientación sexual, en el marco de lo que establece la Convención de Ginebra de 1951.

Con el bachillerato finalizado y formación como profesor de peluquería, intentó incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, se encontró con un límite constante: la falta de ciudadanía uruguaya. “Me rechazaron porque no soy ciudadano uruguayo”, explicó. A pesar de estar legalmente habilitado, no logró acceder a un empleo formal.

En 2017, viajó a Chile en busca de mejores condiciones de vida y estabilidad. Pero cuando se venció su pasaporte ruso, quedó en situación de apatridia. Tramitó documentos ante autoridades chilenas, pero, según relata, su solicitud fue rechazada y lo derivaron nuevamente a Uruguay, sin solución concreta.

Tras agotar instancias ante ministerios, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, decidió tomar una medida extrema: iniciar una huelga de hambre frente a Presidencia. “La huelga de la vida”, como él mismo la denomina, busca visibilizar una situación límite. Permanece desde hace días en la explanada de la Torre Ejecutiva, sin ingerir alimentos.

El refugiado reclama que Uruguay aplique el protocolo de reasentamiento del ACNUR, que permitiría gestionar un documento de viaje para personas refugiadas, según el Decreto Nº 129/014, con el objetivo de poder establecerse en un tercer país.

La ley uruguaya N.º 18.076 y la N.º 18.250 establece que las personas reconocidas como refugiadas deben tener los mismos derechos laborales que los ciudadanos uruguayos, incluyendo el acceso al empleo formal. No obstante, en su caso, esos derechos no se han materializado.

Su historia refleja una realidad poco visible: personas que, pese a estar protegidas por el sistema legal, terminan atrapadas en vacíos administrativos, sin nacionalidad, sin documentos válidos y sin acceso a un trabajo digno.