Atentado a Mónica Ferrero: Partido Colorado exigió más recursos ante el crimen organizado
El atentado a Mónica Ferrero en la madrugada del domingo derivó en una reunión urgente del Partido Colorado. La fiscal de Corte subrogante se encontraba en su vivienda cuando desconocidos ingresaron por la azotea, realizaron disparos y detonaron un artefacto explosivo. Pese a la custodia en el lugar, los atacantes lograron huir. No se registraron heridos, pero el hecho encendió las alarmas institucionales.
Partido Colorado y el respaldo político
Durante la conferencia de prensa posterior, el secretario general Andrés Ojeda leyó un comunicado en el que el partido calificó el episodio como “un cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado, que obliga a extremar la disposición de todos los recursos del Estado democrático”.
Ojeda señaló que se mantuvo comunicación con la fiscal Ferrero, quien transmitió un mensaje claro: “Este episodio no me va a amedrentar”. La declaración fue interpretada como una ratificación de su compromiso con la función pública.
El dirigente colorado también informó que el presidente Yamandú Orsi dialogó con integrantes del partido y que el ministro del Interior, Carlos Negro, brindó detalles iniciales sobre el curso de la investigación.
Un ataque con mensaje al Estado
El atentado a Mónica Ferrero fue leído como una acción directa del crimen organizado, en particular de grupos vinculados al narcotráfico. La modalidad —armas de fuego y explosivos— remite a otros ataques previos contra instituciones del Estado.
La respuesta política ha sido transversal. Desde la oposición y el oficialismo se reiteró que no habrá retrocesos en la persecución del delito y se llamó a reforzar los mecanismos de protección de fiscales y jueces.
Reacción institucional en curso
El Partido Colorado subrayó que el respaldo no se limita al plano simbólico, sino que debe traducirse en medidas concretas. Entre ellas, ampliar recursos, fortalecer la custodia y mejorar la coordinación entre ministerios, Fiscalía y fuerzas de seguridad.
La fiscal Angelita Romano quedó a cargo de la causa, mientras que el ministro Negro confirmó la existencia de indagados y pistas firmes. Se espera que en los próximos días se informen avances sobre los posibles responsables.
Coordinación política
El presidente Orsi convocó a una reunión en Torre Ejecutiva con ministros, fiscales y autoridades de inteligencia. La instancia buscará definir nuevas estrategias frente al crimen organizado y garantizar la seguridad de quienes cumplen funciones en el sistema judicial.
El atentado a Mónica Ferrero no solo representó un ataque individual, sino un desafío directo al Estado de derecho. El mensaje de las autoridades políticas ha sido unánime: frente a la amenaza, la institucionalidad debe responder con firmeza y unidad.
Contexto de seguridad y antecedentes
El atentado a Mónica Ferrero ocurre en un contexto en el que Uruguay ha registrado un crecimiento en la presencia y poder de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En los últimos años se sucedieron episodios similares contra sedes policiales y fiscales que investigan delitos de alto impacto. Estos ataques tienen como característica común enviar un mensaje de intimidación, buscando frenar la acción del Estado en materia de persecución penal.
Especialistas en seguridad consultados por la prensa han señalado que estos hechos se inscriben en una dinámica regional, donde el crimen organizado utiliza la violencia como herramienta política y simbólica. En países vecinos, episodios de estas características fueron el inicio de un escalamiento en la confrontación entre las instituciones y las mafias, por lo que la reacción estatal resulta clave para evitar que la situación se agrave.
Lo que viene
En el plano parlamentario, varios legisladores adelantaron que propondrán reforzar presupuestos para la seguridad de magistrados y fiscales. También se maneja la posibilidad de revisar protocolos de custodia, dado que el ataque a Ferrero ocurrió a pesar de que existía vigilancia en la zona.
El gobierno, por su parte, reafirmó que no se descarta ninguna hipótesis y que las investigaciones cuentan con la coordinación de la Fiscalía, la Policía y organismos de inteligencia. El compromiso, aseguraron, es que los responsables sean identificados y llevados ante la Justicia.
