El atentado contra la fiscal Mónica Ferrero volvió a poner en debate la seguridad de los operadores judiciales en Uruguay
Atentado contra la fiscal Mónica Ferrero fue el eje de la conferencia de prensa brindada este domingo por el ministro del Interior, Carlos Negro. El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada y derivó en un fuerte operativo policial.
Negro manifestó respaldo a la fiscal de Corte y aseguró que la investigación judicial continuará sin alteraciones. “Este tipo de acciones, que la doctora Ferrero conoce por su experiencia en el área de Estupefacientes y las estrategias que utilizan grupos criminales, no van a mover ni un centímetro el accionar de la Fiscalía, la Justicia o la Policía Nacional”, afirmó.
Primeras detenciones tras el atentado
El ministro confirmó que la Policía detuvo a dos personas como sospechosas directas: un hombre y una mujer. Según detalló, existen evidencias que los vinculan al atentado. “Ya empezaron a caer. No son los únicos ni serán los últimos en caer”, advirtió.
Negro explicó que el episodio presenta características similares a ataques ocurridos en el pasado contra instituciones y funcionarios vinculados a la lucha contra el narcotráfico. Entre ellos, mencionó agresiones contra la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas y contra el exdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Eduardo Mendoza.
Antecedentes recientes y contexto
El jerarca recordó además que hace menos de dos meses se incautaron 2.200 kilos de cocaína, operación que representó un valor cercano a los 15 millones de dólares en Uruguay y más de 70 millones en los mercados internacionales a los que estaba destinada. En ese marco, sostuvo que los ataques responden a la presión que genera el combate al narcotráfico sobre organizaciones criminales.
Negro indicó que, tras conocerse el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero, se comunicó de inmediato con ella y con el presidente de la República, Yamandú Orsi. También participó en reuniones junto a la subsecretaria Gabriela Valverde, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, el director de Investigaciones, Julio Sena, y el director de Policía Científica, Jhony Silva.
Investigación en curso
El ministro anunció que la causa será llevada adelante por la fiscal Angelita Romano, quien tendrá a su cargo la investigación judicial. “Se están siguiendo varias líneas de trabajo y no se descarta ninguna hipótesis”, explicó.
Negro subrayó que la prioridad del Ministerio del Interior es garantizar la seguridad de la fiscal de Corte y de su entorno, además de colaborar de forma directa con la Justicia en la recolección de pruebas.
El episodio se suma a una serie de hechos que han puesto en alerta a las autoridades sobre la escalada de violencia vinculada al narcotráfico en Uruguay. El ministro reiteró que, pese a la gravedad del atentado, la institucionalidad del país no será doblegada.
Según el ministro Negro, el atentado a la fiscal de Corte confirma patrones del crimen organizado
El atentado contra la fiscal Mónica Ferrero reavivó la discusión sobre la seguridad de los operadores judiciales en Uruguay. Desde hace años, distintas asociaciones de magistrados han advertido sobre el riesgo creciente que enfrentan fiscales y jueces dedicados a investigar delitos de narcotráfico. En reiteradas ocasiones se ha planteado la necesidad de reforzar la protección personal y de sus familias, así como de mejorar los protocolos de custodia en sus domicilios y lugares de trabajo.
Expertos en seguridad señalan que los ataques de este tipo buscan generar un efecto intimidatorio más allá de la persona directamente afectada. El objetivo es enviar un mensaje al sistema judicial en su conjunto, buscando sembrar miedo y condicionar decisiones futuras. Frente a este escenario, distintos actores políticos han coincidido en la urgencia de fortalecer la cooperación entre Fiscalía, Policía y Poder Ejecutivo. La consigna común es que los procesos judiciales no se detengan y que los responsables sean identificados y sancionados con el máximo rigor legal.
