Cese de funcionarios en la Intendencia desata conflicto con ADEOMS
Una nueva disputa entre el gobierno departamental y los trabajadores sacude el escenario político y sindical. El cese de funcionarios en la Intendencia, que afecta a casi 300 empleados municipales, generó la inmediata reacción del sindicato ADEOMS, que salió a la calle en defensa de los afectados.
Los ceses se aplicaron sobre trabajadores que habían sido incorporados mediante designación directa durante la administración anterior, poco después de que el Frente Amplio perdiera las elecciones. La nueva gestión calificó estos ingresos como jurídicamente inválidos.
Acuerdo firmado tras las elecciones y bajo la lupa
El conflicto tiene su origen en un convenio colectivo firmado en junio, cuando la Intendencia aún estaba a cargo de Ingrid Urroz y ADEOMS era presidido por Juan Carlos Gómez. El acuerdo buscaba garantizar la permanencia de esos trabajadores. Sin embargo, fue sellado luego de las elecciones departamentales, en las que el Frente Amplio perdió el control del gobierno local.
La nueva administración considera que ese documento no tiene validez legal y decidió revertir las designaciones. Para ADEOMS, se trata de una decisión arbitraria y lesiva contra derechos adquiridos.
Manifestación frente a la Intendencia y mensaje sindical
Este viernes, trabajadores cesados se concentraron frente al edificio de la comuna junto a dirigentes sindicales. Juan Carlos Gómez, presidente de ADEOMS, fue claro: “Esto recién empieza. Vamos a dar pelea hasta el final. No vamos a retroceder”, declaró frente a la prensa y los manifestantes.
El gremio asegura que defenderá por todos los medios la continuidad de los trabajadores afectados y advierte que podría haber medidas más drásticas si no hay respuestas.
Posturas enfrentadas dentro del Frente Amplio
Aunque el sindicato cuenta con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio —como la presencia de ediles en la movilización—, no todo el partido comparte la forma en que se efectuaron los ingresos. La exdiputada Catalina Correa, por ejemplo, se mostró crítica: “Muchos entraron por designación directa, sin sorteo ni concurso. No es algo que avalemos”, dijo en declaraciones radiales.
Correa también planteó que varios de los ingresados eran “punteros políticos” y que esto se produjo en pleno año electoral, lo cual, a su juicio, compromete la transparencia del proceso.
La coalición de gobierno cuestiona los nombramientos
Desde la actual administración departamental y la Coalición Republicana, se sostuvo que los 291 trabajadores incorporados no pasaron por un proceso regular de ingreso y que fueron parte de una estrategia política para asegurar fidelidad electoral.
Según fuentes del oficialismo, “esto se hizo para garantizar militancia”. La decisión de revocar sus contratos fue, dicen, una medida necesaria para corregir un procedimiento viciado.
