¿Reintegrar a los 291 cesados? ¿En serio?
Frente Amplio Salto emitió una declaración enérgica repudiando el cese de 291 funcionarios municipales por parte del gobierno departamental. La fuerza política exige su reintegro inmediato y anuncia un llamado a sala en la Junta Departamental, en lo que considera un atropello institucional sin precedentes.
La decisión del intendente Carlos Albisu de cesar a estos funcionarios no fue caprichosa. Fue una medida anunciada, fundamentada y respaldada por sólidos argumentos jurídicos. Se trataba de designaciones directas realizadas por la administración anterior, muchas de ellas en los últimos días de gestión, sin concurso, sin transparencia, y en algunos casos, sin siquiera tareas asignadas
Pero claro, ahora el Frente Amplio de Salto se rasga las vestiduras. Hablan de atropello, de injusticia, de vulneración de derechos. ¿Y los derechos de los contribuyentes? ¿Y el respeto por la legalidad? ¿Y el orden institucional que tanto se reclama cuando se está en la oposición?
El costo de la improvisación
Mantener a esos 291 funcionarios le costaba a la Intendencia unos 20 millones de pesos mensuales. Eso equivale a 6 millones de dólares al año. ¿De verdad se puede sostener semejante carga sin afectar servicios esenciales, sin comprometer el funcionamiento de la comuna?
La administración actual recibió una Intendencia endeudada, con maquinaria deteriorada, museos cerrados y proveedores impagos. Pero parece que eso no importa. Lo que importa es que los “compañeros” vuelvan a sus puestos, aunque no haya presupuesto, ni tareas, ni legalidad que lo respalde.
¿Punteros políticos o funcionarios?
Albisu fue claro: muchos de los cesados eran punteros políticos que nunca cumplieron funciones reales. ¿Es eso lo que se quiere reintegrar? ¿Una estructura paralela de militancia financiada con fondos públicos?
El Frente Amplio exige reincorporaciones sin matices, sin filtros, sin revisión. ¿Dónde queda la carrera funcional? ¿Dónde queda el mérito? ¿Dónde queda el respeto por los verdaderos trabajadores municipales que sí concursaron, que sí cumplen funciones, que sí sostienen la Intendencia día a día?
Llamado a sala: ¿show político o solución?
La bancada de ediles del Frente Amplio anunció un llamado a sala al intendente. ¿Para qué? ¿Para exigir explicaciones que ya fueron dadas en conferencia de prensa? ¿Para montar un espectáculo político que distraiga de lo esencial?
Porque lo esencial aquí no es el número 291. Lo esencial es la legalidad, la transparencia, el respeto por el dinero público. Lo esencial es que los gobiernos no pueden seguir usando la administración como botín político, llenando oficinas con militantes sin funciones.
¿Qué modelo de gestión defiende el Frente Amplio Salto?
La exigencia de reincorporar 291 funcionarios sin revisión revela un modelo de gestión que prioriza la lealtad partidaria por encima de la eficiencia pública. ¿Es ese el modelo que el Frente Amplio Salto quiere reinstalar? ¿Una Intendencia convertida en agencia de empleo político, donde los cargos se reparten como premios de campaña?
Mientras el gobierno actual intenta ordenar las cuentas, recuperar maquinaria, pagar deudas y reabrir servicios, la oposición exige volver al desorden. No hay propuestas de mejora, ni alternativas de reubicación, ni defensa técnica de los vínculos. Solo presión política y declaraciones altisonantes.
¿Y ahora qué?
El Frente Amplio puede seguir emitiendo comunicados, convocando a sala, denunciando atropellos. Pero si no hay voluntad de revisar los vínculos caso por caso, si no hay autocrítica sobre cómo se gestionó el empleo público, si no hay respeto por la legalidad, entonces no hay defensa de derechos: hay defensa de privilegios.
Y vos, como lector, como ciudadano, como contribuyente, tenés derecho a preguntarte: ¿Quién defiende realmente el interés público en Salto: el que ordena o el que exige reincorporar sin revisar?
