Los ruidos frente al hospital de Salto volvieron a poner en evidencia un problema que el país arrastra desde hace tiempo: las leyes existen, pero rara vez se hacen cumplir. La normativa uruguaya, en particular la Ley 17.852, establece que los hospitales deben ser zonas de silencio y que el perímetro de protección alcanza los 200 metros. Sin embargo, la noche de los festejos por un nuevo aniversario de Peñarol demostró lo contrario.
Grupos de hinchas recorrieron distintas calles de la ciudad con bombos, banderas y cánticos. El paso incluyó el frente del hospital local, donde el estruendo se sintió con fuerza. Mientras afuera reinaba el festejo, adentro había pacientes en estado delicado, adultos mayores y niños que requieren descanso para poder recuperarse. El contraste fue inevitable.
Una autoridad que no intervino
Lo más llamativo fue la ausencia de respuesta institucional. Ni la Policía ni otras autoridades actuaron para evitar que los ruidos frente al hospital de Salto interrumpieran la tranquilidad necesaria en el centro de salud. La pregunta es clara: ¿los agentes desconocen la normativa vigente o directamente optaron por no intervenir?
En cualquiera de los escenarios, el resultado fue el mismo: la ley quedó en un segundo plano y los derechos de los pacientes se vieron vulnerados. La normativa sobre contaminación acústica no es simbólica, sino que busca garantizar condiciones mínimas de convivencia. Sin embargo, el episodio de Salto mostró que la práctica está muy lejos de la teoría.
Una sociedad que naturaliza
En Uruguay parece haberse instalado la idea de que todo se tolera. Se aceptan ruidos frente a hospitales, bocinas a deshora o parlantes en la madrugada, como si fueran parte de la vida cotidiana. Esta permisividad desgasta la convivencia y transmite el mensaje de que las reglas pueden ignorarse sin consecuencias.
El episodio vivido en Salto no debería verse solo como un festejo futbolero desmedido. Representa, más bien, un síntoma más profundo: la falta de respeto por lo esencial y la incapacidad del Estado para hacer cumplir normas básicas.
¿Hasta cuándo se permitirá?
Un hospital no es un estadio ni una plaza pública. Es un espacio donde las personas enfrentan situaciones de salud delicadas, muchas veces de vida o muerte. Permitir que festejos populares invadan ese ámbito con bombos y banderas es desconocer el derecho más elemental: el de quienes luchan por su recuperación.
La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo se seguirá tolerando que la normativa sea ignorada? ¿Cuánto tiempo más vamos a convivir con ruidos frente al hospital de Salto sin que se aplique el rigor de la ley?
Si el país no logra garantizar silencio en los lugares donde más se necesita, difícilmente pueda garantizar orden en otros ámbitos de la vida pública. Lo sucedido en Salto es un recordatorio de que la convivencia no puede quedar librada al azar ni a la buena voluntad: requiere reglas claras, respeto y, sobre todo, aplicación efectiva de la normativa vigente.
El impacto de los ruidos frente al hospital de Salto no solo afecta a los pacientes. Los funcionarios de la salud también se ven condicionados. Médicos y enfermeros que trabajan en guardias nocturnas han señalado en otras oportunidades que el exceso de ruido complica la comunicación entre equipos y genera distracciones en procedimientos que requieren concentración. A esto se suma la carga emocional de tener que contener a familiares preocupados por el estado de sus seres queridos, mientras afuera se desarrollan festejos sin control. El episodio revela un contraste fuerte entre quienes luchan por salvar vidas y quienes, desde la vereda, olvidan que un hospital debe ser respetado como espacio de silencio.
“Lo ocurrido con los ruidos frente al hospital de Salto no debe repetirse nunca más.”
