Víctor Saldaño y una espera sin fin en la prisión de Texas
Casi tres décadas después del crimen que lo llevó ante la justicia de Texas, el argentino Víctor Saldaño sigue en el corredor de la muerte. Su derrotero reabrió la discusión sobre racismo judicial, cumplimiento de fallos internacionales y el sentido de la pena capital en Estados Unidos.
La Unidad Allan B. Polunsky, sede del corredor de la muerte desde 1999, mantiene a los condenados en celdas de unos dos por tres metros, con aislamiento al menos 23 horas diarias y salidas mínimas. Allí, según su defensa, Saldaño pasó la mayor parte de estos años mientras aguardaba una inyección letal que no llega.
Hace tres meses, de acuerdo con su abogado, el cordobés fue derivado a un hospital psiquiátrico del sistema penitenciario tras intentos de suicidio. Su madre, Lidia Guerrero, dice que se informa a distancia y con pocos datos, mientras intercambia cartas cuando puede.

H2 Víctor Saldaño en el corredor de la muerte: condiciones y denuncias
Saldaño tiene 53 años y, según su representación legal, es el preso que más tiempo pasó en el corredor de la muerte en la historia estadounidense. Mientras el promedio entre condena y ejecución ronda los 15 años, su caso se acerca al doble. Su abogado, Juan Carlos Vega, afirma que el deterioro psicológico es extremo y que el régimen cotidiano incluye largas horas de sedación y raciones reducidas.
El expediente tuvo dos condenas a muerte y dos reveses internacionales. En 2000, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la primera sentencia tras reconocer Texas que el juicio había sido contaminado por argumentos de sesgo racial. Un nuevo proceso en 2004 terminó otra vez con pena capital. En ambas instancias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró nulas las condenas y recomendó la liberación, fallo que no fue acatado por las autoridades estadounidenses.

Víctor Saldaño: aislamiento, régimen diario y deterioro mental
El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 1995, en un estacionamiento de las afueras de Dallas. Saldaño, entonces de 24 años, y el mexicano Jorge Chávez asaltaron y mataron de un disparo a Paul Ray King, de 46 años, vendedor de computadoras. Horas después, la policía detuvo a Saldaño con el arma y pertenencias de la víctima; Chávez confesó y lo señaló como coautor.
En la primera causa, Texas aplicaba un protocolo de “peligrosidad futura” que incluía variables como edad, sexo y raza. Ese esquema, hoy derogado, fue una de las piezas usadas por la defensa para alegar discriminación. De allí derivó el fallo de 2000 que ordenó rehacer el proceso.

Víctor Saldaño y la CIDH: decisiones y alcance real
La CIDH reiteró luego sus conclusiones y, según la defensa, las envió a las autoridades estadounidenses para su cumplimiento. Estados Unidos, que no reconoce carácter obligatorio a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sostiene que las decisiones de la Comisión no tienen fuerza ejecutoria.
Durante años, Cancillería argentina acompañó los recursos, presentó escritos ante tribunales y facilitó viajes de la familia.

Por qué EE.UU. no acata fallos sobre Víctor Saldaño
La representación legal afirma que el apoyo reciente se redujo y que no hay gestiones activas por temor a un conflicto diplomático. La cartera conducente no respondió consultas, según la defensa.
Vega asegura que, en 26 estados con pena de muerte, hay cerca de 2.890 condenados, y que otros 24 abolieron ese castigo. Afirma que no hay diferencias claras de seguridad pública entre unos y otros, por lo que considera inútil la pena capital. En 2016, Lidia Guerrero y el propio abogado fueron recibidos por el papa Francisco, gesto que la defensa recuerda como el mayor respaldo externo.
Cancillería y Papa Francisco en el caso Víctor Saldaño

Línea de tiempo del caso Víctor Saldaño
Hoy, el frente internacional sigue en la CIDH, que, según la defensa, notificó recientemente el traslado de pedidos para que se denuncie el racismo judicial en la OEA y se fije una reparación económica. La familia rechaza solicitar clemency para conmutar la pena por prisión perpetua común. Dicen que buscan que se cumplan las decisiones internacionales y se cierre una espera que consideran incompatible con los derechos humanos.