Besozzi, Soravilla y Albisu lograron triunfos en sus departamentos pese a estar cuestionados.
Artigas, Soriano y Salto eligieron a figuras cuestionadas por la justicia o vinculadas a polémicas políticas. El respaldo electoral superó las advertencias públicas.
En las elecciones departamentales del pasado domingo, el Partido Nacional logró importantes triunfos en el interior del país, incluso en departamentos donde sus principales referentes enfrentaban antecedentes judiciales, imputaciones o habían renunciado a cargos por presuntas irregularidades.
En Artigas, los blancos retuvieron la intendencia con Emiliano Soravilla, delfín político de Pablo Caram y Valentina Dos Santos. Ambos fueron protagonistas de la llamada “causa de las horas extras”, un caso de corrupción que derivó en condenas, renuncias al partido y su inhabilitación como candidatos. Aún así, Soravilla se impuso con el 53% de los votos. Antes de la elección dejó en claro a quién respondía políticamente: “Valentina es la líder”, afirmó, y anunció que la nombrará secretaria general.
En Soriano, Guillermo Besozzi —intendente blanco imputado por varios delitos como tráfico de influencias, abuso de funciones y cohecho— obtuvo la reelección. Pese a enfrentar restricciones judiciales y portar tobillera electrónica, el exjerarca fue autorizado a salir hasta medianoche para realizar actos políticos. Con un discurso centrado en su inocencia y acusaciones hacia la justicia y medios capitalinos, logró renovar su mandato con el 50,4% de los votos.
En Salto, la Coalición Republicana (integrada por sectores anti-frenteamplistas) alcanzó su único triunfo del país de la mano del nacionalista Carlos Albisu. Su candidatura no estuvo exenta de controversia: en 2023, Albisu debió renunciar a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tras la revelación de 27 contrataciones directas irregulares, en su mayoría de su sector. Pese a ese antecedente, recibió el apoyo explícito del presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña, lo que consolidó su victoria con el 57,4% de los votos.
Estos resultados muestran que, al menos en Artigas, Soriano y Salto, los cuestionamientos judiciales o políticos no se tradujeron en pérdida significativa de apoyo. De hecho, en algunos casos, los porcentajes fueron similares o apenas menores que en 2020, cuando no existían antecedentes penales sobre la mesa.