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Las investigaciones en Artigas buscan esclarecer el intento de adopción irregular de un bebé.
La Fiscalía investiga a dos enfermeras acusadas de contactar a embarazadas para posibles adopciones ilegales; hay medidas cautelares y más indagatorias en curso.
En los últimos días, la Justicia de Artigas avanzó en la formalización de dos enfermeras que habrían estado involucradas en supuestas maniobras ilegales vinculadas a la entrega irregular de menores con fines de adopción, contempladas en el artículo 280 del Código Penal uruguayo.
El hecho salió a la luz luego de una denuncia presentada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que detectó situaciones poco claras alrededor de una embarazada próxima a dar a luz. De acuerdo a los datos recabados, la mujer no habría aceptado las ofertas que presuntamente le hicieron las ahora imputadas.
Durante el desarrollo de la investigación, fueron arrestadas tres mujeres. Entre ellas, dos se desempeñaban como enfermeras: una en una institución privada y la otra en el centro asistencial de Artigas dependiente de ASSE. La tercera persona detenida es hija de una de las enfermeras, quien ejerce la profesión de abogada.
Según detalló el medio local Clicregional, una de las profesionales de la salud habría vinculado a la gestante con una ciudadana brasileña, interesada en obtener al recién nacido a cambio de dinero.
La fiscal a cargo de la causa, Beatriz González, explicó que si bien la abogada fue detenida junto a las otras dos mujeres, todavía no se procedió a su formalización. Esto se debe a que, durante las actuaciones, surgieron intercambios de mensajes que podrían comprometer aún más su situación jurídica. Por tal motivo, se aguarda la designación de un nuevo abogado defensor para continuar el proceso.
En cuanto a las medidas cautelares, la magistratura dispuso que la enfermera que reside en Quaraí, Brasil, pero trabaja en Artigas, debe establecer domicilio fijo, utilizar tobillera electrónica, tiene prohibida la salida del territorio nacional —situación comunicada a la Dirección Nacional de Migración— y no puede acercarse ni comunicarse con la víctima ni su familia en un radio de 300 metros, por un período de 120 días.
Para la otra enfermera, funcionaria de ASSE, se aplicaron las mismas restricciones, sumándose la obligación de concurrir semanalmente a la seccional policial correspondiente.
Por su parte, la defensa de una de las imputadas, a cargo de la abogada Miredi Biscarra, indicó que su representada no enfrenta cargos por apropiación de menores de manera directa, sino por un "delito de peligro", tal como lo describe el artículo 280, el cual sanciona la utilización de artimañas o engaños para separar a un menor de su entorno familiar o para vulnerar el procedimiento legal de adopción.
Además, la abogada desmintió versiones que habían circulado fuera de los tribunales, descartando que profesionales médicos hayan participado o que se le haya propuesto a la embarazada realizar una cesárea en territorio brasileño. Tampoco existen hasta el momento otras denuncias concretas que indiquen que existan más episodios similares, pese a algunos trascendidos que surgieron luego de conocerse el caso.
Las actuaciones continúan y la investigación sigue abierta mientras la Fiscalía procura determinar el alcance total de las presuntas maniobras irregulares detectadas en la frontera norte.
