La Asamblea Nacional francesa en un momento clave de debates sobre presupuestos y estabilidad política.
La Agrupación Nacional, liderada por Le Pen, ha puesto como condición innegociable para evitar la moción de censura que el Gobierno revise medidas clave, particularmente en lo referente a las pensiones y a la reducción de reembolsos en ciertos medicamentos. Aunque este último punto ha quedado en un segundo plano, el tema de las pensiones sigue siendo el eje central de las exigencias.
Por su parte, Barnier ha rechazado tajantemente ceder en estas cuestiones. Sin embargo, en un intento de suavizar tensiones, ha propuesto eliminar la subida del impuesto a la electricidad, una medida que no ha sido suficiente para apaciguar a la oposición. "No podemos gobernar a base de chantajes. Las pensiones son un pilar de nuestra economía y nuestra sociedad", habría señalado Barnier en declaraciones recientes.
Si las negociaciones fracasan, Marine Le Pen podría activar el procedimiento para una moción de censura este lunes. Esto pondría en jaque la frágil coalición de centro-derecha que lidera Barnier y que apenas lleva unos meses al mando del Ejecutivo. La posible caída del Gobierno refleja las dificultades de mantener un equilibrio en un Parlamento donde el partido de Le Pen cuenta con el mayor número de escaños.
El escenario político es tenso. Las reformas presupuestarias presentadas buscan recortar 60.000 millones de euros en 2025, con el objetivo de reducir una deuda que asciende a 3.200 millones de euros. Sin embargo, estas medidas han sido calificadas por la oposición como "un golpe a los derechos sociales".
El lunes se presenta como un día crucial. La Asamblea Nacional debatirá el presupuesto relacionado con la financiación de la Seguridad Social, un punto especialmente conflictivo. Ante la ausencia de una mayoría clara, Barnier podría recurrir al artículo 49.3 de la Constitución. Este artículo permite la aprobación del presupuesto sin votación parlamentaria, una medida que, aunque legal, es vista como controvertida por sus implicaciones democráticas.
Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, criticó duramente al Gobierno este fin de semana. "Por pura testarudez y sectarismo, este Gobierno está llevando las negociaciones a un callejón sin salida", declaró. Fuentes cercanas a Le Pen han asegurado que la líder ya tiene tomada su decisión sobre la moción de censura. Según estas mismas fuentes, la intención es clara: demostrar que Barnier ha perdido el control político.
Mientras tanto, la incertidumbre está pasando factura en los mercados financieros. El costo de la deuda soberana francesa ha aumentado significativamente, alcanzando niveles no vistos desde la crisis de deuda de la eurozona en 2012. La prima de riesgo sobre los bonos alemanes sigue en ascenso, reflejando el nerviosismo de los inversores.
A pesar de este panorama, el ministro de Presupuestos y Cuentas Públicas, Laurent Saint-Martin, ha defendido el proyecto gubernamental. "Este texto no es solo del Gobierno; es el resultado de un compromiso parlamentario entre diputados y senadores, algo que no ocurría desde hace quince años. Dar marcha atrás sería una falta de respeto al Parlamento y a la democracia", afirmó en declaraciones a Le Parisien.
En este contexto, las apuestas son altas. Por un lado, la ultraderecha busca consolidar su poder político y poner contra las cuerdas al Gobierno. Por otro, Barnier intenta mantener la estabilidad en medio de una tormenta política que amenaza con desbordarse.
La posibilidad de que el primer ministro active el artículo 49.3 añade otro elemento de tensión. Si bien esto permitiría aprobar el presupuesto, también podría ser visto como una muestra de debilidad, alimentando aún más la narrativa de la oposición.
El desenlace de esta crisis será crucial para definir el futuro político y económico de Francia. Una moción de censura exitosa no solo significaría la caída del Gobierno de Barnier, sino también una posible reconfiguración del panorama político en el país.
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