La sede de la ANP, epicentro de una semana marcada por renuncias y cuestionamientos públicos.
La vicepresidenta de la ANP renunció tras apenas dos días en el cargo, en medio de críticas por designaciones internas y pedidos de informes parlamentarios.
La vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos presentó su renuncia este viernes, apenas dos días después de haber asumido formalmente su nuevo cargo. La decisión fue confirmada públicamente por la jerarca del Ministerio de Transporte a través de su cuenta oficial.
El breve pasaje de la funcionaria por la vicepresidencia estuvo rodeado de polémicas. Una de las principales críticas surgió a partir de decisiones tomadas en la primera sesión del nuevo directorio, donde se votó el ascenso de su esposo, su chofer y al menos tres funcionarios más que formaban parte de su equipo de trabajo, todos sin mediar concurso.
Este hecho fue el punto de partida para que desde el Parlamento se solicitaran informes detallados sobre su historial dentro del organismo. La consulta parlamentaria fue motivada también por un informe televisivo que reveló que 19 de las 20 capacitaciones que figuraban en su legajo habían sido realizadas en tan solo dos meses, durante setiembre y octubre de 2013.
Entre los cursos cursados en ese breve período se mencionan: administración y gestión de activos, compras y contrataciones, desarrollo de habilidades de auditor interno, auditorías internas de calidad, y ética y transparencia en la función pública.
La funcionaria es técnica en administración pública egresada de UTU y cuenta con un cargo presupuestado dentro de la ANP como “idónea/analista administrativo”. Integra el directorio del organismo desde 2020, cuando fue designada como directora vocal en representación del Frente Amplio.
Otra situación que generó cuestionamientos fue su decisión de mantener su salario como funcionaria presupuestada en lugar de cobrar como directora. Esta modalidad le permitió percibir partidas complementarias por tareas que ya no realizaba. Aunque la asesoría jurídica de la ANP avaló inicialmente esta práctica, en 2022 la Oficina Nacional de Servicio Civil dictaminó que no correspondía pagarle dichos complementos.
Los diferentes puntos cuestionados generaron presión política en aumento, tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo, lo que desembocó en la renuncia presentada y aceptada esta semana.
Más allá del cierre de este episodio, el caso reavivó la discusión sobre cómo se manejan los ascensos, los procesos de designación y la transparencia en las empresas públicas. Para muchos, queda claro que se necesita avanzar hacia criterios más técnicos y reglas claras en la administración estatal.