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El acceso al aborto legal en Uruguay vuelve al centro del debate político.
El crecimiento de los abortos legales preocupa a las autoridades, que planean reformar la ley vigente y fortalecer la educación sexual en todo el sistema educativo.
Durante el último año se realizaron 12.592 consultas por aborto, y se concretaron 11.232 procedimientos ratificados. Esto representa 334 abortos más que en 2023. Desde la aprobación de la ley de despenalización en 2013, Uruguay se convirtió en referente regional. Sin embargo, a trece años de su aplicación, el gobierno actual evalúa introducir modificaciones en la normativa.
Uno de los datos más significativos es la distribución por edades. En menores de 15 años se registraron 68 abortos, mientras que entre los 15 y 16 años hubo 456. El grupo más numeroso fue el de mujeres de entre 20 y 24 años, con 3.201 casos. También hubo 2.989 abortos en mujeres de entre 25 y 29 años; 2.021 entre los 30 y 34 años; 1.666 entre los 35 y 44, y 38 en mayores de 44.
Un total de 521 mujeres decidió continuar con el embarazo después de la primera consulta.
Según las estadísticas del MSP, casi la totalidad de las mujeres (11.222) señaló como motivo de la interrupción del embarazo su propia voluntad. Solo seis dijeron haber sido víctimas de violación y otras cuatro presentaron anomalías fetales incompatibles con la vida.
El viceministro de Salud Pública, Leonel Briozzo, vinculó el aumento de abortos con un “decaimiento” en la educación sexual dentro de los centros de estudio. En declaraciones al noticiero Telemundo, criticó la gestión del presidente Luis Lacalle Pou y aseguró que “se bajaron los brazos”.
Briozzo también mencionó la necesidad de mejorar la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Según sostuvo, es imprescindible “trabajar mucho más” en estas dos áreas: educación y acceso.
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Leonel Briozzo, viceministro de Salud Pública de Uruguay (Archivo).
Sobre los casos de embarazo en niñas y adolescentes, el jerarca expresó que “siempre son producto de violencia, de violaciones dentro del entorno familiar”, y remarcó que se trata de situaciones “muy dramáticas”.
Por su parte, Rafael Aguirre, coordinador del área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, afirmó que Uruguay “se quedó atrás” respecto a nuevas investigaciones. Estas sugieren que el momento ideal para someterse al procedimiento es cerca de la semana 12 de gestación, justo el límite legal actual para realizarlo. Esto deja afuera a muchas mujeres que se enteran de condiciones adversas recién después de esa semana.
Actualmente, la ley solo permite abortar hasta la semana 14 en casos de violación. Aguirre adelantó que se está desarrollando un sistema informático para integrar información sobre embarazos, abortos y métodos anticonceptivos, similar al sistema de seguimiento prenatal.
Durante un congreso sobre salud sexual, el ginecólogo advirtió sobre el impacto del debilitamiento de la educación sexual en escuelas y liceos. “En los últimos años hubo un desarme”, dijo, y pidió una respuesta urgente. Además, desmintió la idea de que las mujeres utilizan el aborto como método anticonceptivo. “Interrumpir un embarazo es una de las decisiones más duras que enfrenta una mujer”, afirmó.
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La ley uruguaya, cuyo proceso de debate y aprobación fue considerado un ejemplo para varios países de la región, no legaliza técnicamente el aborto sino que lo despenaliza antes de las doce semanas siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado..
Mientras las cifras aumentan y el debate se reabre, el país se enfrenta al desafío de ajustar una ley que alguna vez fue modelo regional, sin perder de vista los derechos y necesidades de quienes recurren al sistema de salud.
