La justicia expone una red de contrabando organizada, basada en maniobras fraudulentas y complicidad sistemática.
Dos agentes aduaneros fueron condenados por su rol en una red de contrabando que involucró zonas francas, documentos falsos y grandes evasiones de impuestos.
El Tribunal Oral Federal de Paraná, en una resolución unipersonal de la jueza Lilia Carnero, rechazó el pedido de absolución para Eduardo Daniel Mella y Eduardo Ramón Burgos, argumentando que la acción penal subsiste, dado que no se violó el principio del plazo razonable. Ambos fueron señalados como parte de una operación de contrabando que involucró 42 maniobras realizadas entre Uruguay, Chile y Argentina, afectando además a la provincia de Mendoza.
Según la jueza, los hechos investigados mostraron un patrón común en todas las operaciones, que contaron con la participación de agentes aduaneros, despachantes y transportistas de los tres países. En el caso puntual de Mella, se acreditó que firmó actas de inspección ocular en las que declaraba que la mercadería transportada coincidía con la documentación presentada, lo cual no era cierto. Esta actuación permitió que productos de alto valor ingresaran al país sin pagar los impuestos correspondientes.
Carnero explicó que estas maniobras perjudicaron al Estado y a la industria nacional, ya que la mercadería ingresada ilegalmente competía de manera desleal con los productos locales. También subrayó que la defensa no logró refutar de forma categórica las pruebas que incriminaban a los acusados. Los abogados de Mella y Burgos argumentaron que no se investigó a los agentes uruguayos involucrados, pero este planteo fue descartado por la jueza por considerarlo irrelevante en esta etapa del proceso.
Entre las pruebas presentadas, se constató que las mercaderías eran cargadas en zonas francas de Uruguay o Chile y declaradas como en tránsito hacia otros destinos, pero en realidad parte de estas cargas era descargada en Argentina. Las actas de inspección y los documentos de transporte contenían datos falsos sobre peso, valor y cantidad, lo que evidenció un esquema sistemático de fraude.
Mella fue condenado a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial para ejercer como funcionario público por tres años y la pérdida de beneficios o regímenes especiales. Por su parte, Burgos recibió una pena de cinco años de prisión efectiva, además de inhabilitación especial por diez años. Ambos quedaron exentos de pagar costas, dada la baja proporción de responsabilidad que les correspondió en comparación con otros coimputados.
La jueza destacó que las maniobras detectadas no tenían sentido comercial bajo condiciones legales, dado el alto costo logístico que implicarían. Por ejemplo, algunas cargas simulaban ser transportadas desde Uruguay a Chile, volviendo luego a Argentina, un movimiento que no generaría beneficios a las empresas si no fuera parte de un esquema ilícito. Este detalle fue clave para confirmar que las operaciones tenían como único fin eludir los controles y los pagos de impuestos.
El fallo también aclaró que las maniobras comenzaron en zonas francas, donde se adulteraban las declaraciones de aduana para obtener los permisos necesarios. En territorio argentino, los agentes implicados completaron inspecciones, otorgaron precintos nuevos y avalaron la continuidad de los tránsitos pese a las irregularidades detectadas.
Finalmente, la jueza concluyó que los actos de Mella y Burgos fueron determinantes para que las maniobras de contrabando se concretaran, afectando tanto las arcas públicas como la competitividad del mercado interno. La sentencia refleja la gravedad de las conductas, aunque el caso deja en evidencia la fragilidad de los controles fronterizos y la necesidad de reformas estructurales para evitar futuras irregularidades.
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