La reciente inclusión de nuevos funcionarios en ASSE levanta dudas sobre la transparencia del proceso y el manejo de los cargos.
En un movimiento que ha generado controversia, ASSE aprobó la presupuestación de más de 400 funcionarios, entre los cuales figuran varios de confianza del gobierno. La decisión ha desatado críticas de sindicatos y políticos, quienes cuestionan la transparencia y el manejo de los cargos.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ha dado de qué hablar en las últimas horas tras la aprobación de la presupuestación de 481 nuevos funcionarios, en su mayoría votados por el oficialismo, con algunas incorporaciones que están generando una fuerte controversia. A solo un mes del traspaso de mando, el gobierno de Marcelo Sosa decidió cerrar su gestión con este movimiento, que incluyó desde fotógrafos hasta choferes de confianza, lo que levantó las sospechas de los sindicatos y de los actores políticos.
El procedimiento de selección de los nuevos presupuestados no pasó desapercibido, sobre todo porque los directores de ASSE en representación de los trabajadores y los usuarios decidieron abandonar la sala cuando se les presentó una lista de personas para presupuestar que no había sido incluida previamente en el orden del día. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) ya se mostró en desacuerdo, señalando que las decisiones carecen de transparencia y que la mayoría de los nombramientos corresponden a cargos de confianza más que a funciones asistenciales, como argumentó Sosa en su conferencia de prensa.
El presidente de ASSE defendió su gestión asegurando que el 84% de los 481 presupuestados son trabajadores de tareas asistenciales, pero las críticas no tardaron en llegar desde diversos frentes. La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) criticó duramente el proceso, alegando que se trató de una presupuestación "a medida" para incluir a aquellos que recién habían ingresado al sistema, muchos de ellos vinculados a la política.
En la lista de los nuevos presupuestados figuran nombres de personas que ocuparon puestos de confianza en este período, incluidos adjuntos a la dirección y otros funcionarios que desempeñaron funciones políticas. Un caso que llamó la atención fue el de un fotógrafo encargado de la imagen oficial del presidente Luis Lacalle Pou, quien pasó a formar parte del equipo de comunicación de ASSE en 2020. También se incluyó a un chofer de un ex presidente de ASSE y a un adjunto que había sido designado en su momento para dirigir una de las regiones del INCA, pero que no asumió su cargo debido a unas polémicas declaraciones.
El presidente Sosa descartó rotundamente cualquier acusación de clientelismo, asegurando que se cumplió con la ley, pero los sindicatos no parecen estar convencidos. Para muchos, se trata de una maniobra política que no respeta los méritos y la necesidad del sistema de salud. Entre las personas que fueron presupuestadas también se encuentran familiares de políticos y personas con cargos en la gestión administrativa, lo que alimenta aún más las críticas.
Por otro lado, las reacciones políticas no se hicieron esperar. La oposición cuestionó el criterio detrás de estas decisiones, considerando que en muchos casos se trató de designaciones injustificadas. Mientras tanto, en la interna de ASSE, algunos se mostraron preocupados por la falta de claridad en los procesos, pidiendo una revisión urgente de estos nombramientos.
El tema promete seguir dando de qué hablar, especialmente cuando la administración de Sosa cede su lugar a los nuevos funcionarios. El traspaso de mando se acerca, y con ello, la expectativa de qué cambios se darán en la estructura de la salud pública uruguaya. En medio de la polémica, lo que está claro es que la gestión de los recursos humanos en el sector salud necesita un repensar profundo.
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