.webp)
El ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo, durante una entrevista para Europa Press, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). Gajardo es un abogado y político miembro del Partido Comunista de Chile (PCCh). Desde el 11 de marzo de 2022, desempeñó - Diego Radamés - Europa Press
Aboga por la cooperación internacional para "cortar los tentáculos" de las bandas criminales como el Tren de Aragua
El gobierno nacional se ha mostrado dispuesto a tomar todas las medidas legales necesarias si se confirma que un reciente crimen político, que conmocionó al país, fue ordenado desde el exterior por un alto funcionario de un gobierno extranjero. La posibilidad de que un asesinato en suelo nacional haya sido encargado por una figura de peso de otro país eleva las tensiones diplomáticas y pone sobre la mesa acciones legales en instancias internacionales.
El ministro de Justicia señaló que, de comprobarse las sospechas de las autoridades judiciales, se estaría ante un hecho de extrema gravedad, ya que representaría un crimen político ejecutado en territorio nacional bajo órdenes de una autoridad extranjera. Ante este panorama, el gobierno está preparado para utilizar todas las herramientas legales disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, explorando vías que van desde el Tribunal Penal Internacional hasta reclamos diplomáticos formales.
Sin embargo, el llamado a la prudencia fue claro. Las investigaciones aún están en curso y, aunque las hipótesis de la Fiscalía apuntan hacia una posible responsabilidad de un alto funcionario extranjero, estas aún son conjeturas. A pesar de ello, se destacó el rigor y profesionalismo de las investigaciones que se están llevando a cabo, enfatizando que cualquier acción se tomará una vez que existan certezas judiciales.
El caso, que involucra a un exiliado político encontrado sin vida tras haber sido secuestrado en su hogar por individuos que se hicieron pasar por agentes de seguridad, ha generado indignación y preocupación. El hallazgo del cuerpo, oculto en una maleta bajo una estructura de cemento, ha llevado a las autoridades a investigar la posible participación de un grupo criminal con antecedentes de secuestro, homicidio y extorsión, que habría actuado bajo encargo de una figura de poder extranjera.
Este crimen no solo ha impactado a la opinión pública, sino que también ha profundizado la crisis diplomática entre ambos países, cuyas relaciones ya estaban fracturadas tras los cuestionados procesos electorales realizados en el país extranjero el año pasado. El gobierno nacional, que no reconoce al actual liderazgo de ese país, tampoco ha respaldado al candidato opositor que muchos consideran el ganador legítimo, manteniendo así una postura cautelosa pero firme en el ámbito diplomático.
En paralelo, el país busca fortalecer la cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado, cuyas ramificaciones trascienden fronteras. Durante su reciente visita a Europa, el ministro de Justicia mantuvo reuniones con autoridades de distintos países para abordar temas como la cooperación jurídica internacional y la gestión penitenciaria, especialmente ante el crecimiento de organizaciones criminales que operan desde los sistemas carcelarios de la región.
El funcionario destacó que el crimen organizado es un fenómeno global, lo que obliga a los países a trabajar en conjunto para desmantelar estas redes. "Un país solo difícilmente podrá cortar los tentáculos de bandas que operan sin respetar fronteras", sostuvo, resaltando la importancia de evitar que las cárceles se conviertan en centros de operaciones para grupos delictivos, como ha ocurrido en varias naciones de la región.
Además, el compromiso con los derechos humanos y la memoria democrática sigue siendo un pilar para el gobierno. Recientemente, la justicia ordenó indemnizar a un sindicalista que fue víctima de torturas durante la dictadura militar, un paso que el gobierno considera fundamental para avanzar en verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Se subrayó que, si bien ha llevado tiempo, es esencial que el país continúe investigando y reconociendo los crímenes cometidos durante el régimen militar, tanto para las familias de los desaparecidos como para quienes sufrieron prisión política y torturas. Este compromiso se mantiene firme mientras el país enfrenta nuevos desafíos en el ámbito internacional, con un crimen político que podría marcar un precedente en las relaciones y la justicia global.