El nuevo equipo en la CTM revisará contratos heredados y buscará marcar un cambio de gestión.
Casaravilla asumió en Salto Grande y apuntó a revisar los contratos políticos de la era Albisu. Algunos empleados se niegan a dejar sus cargos pese al reclamo parlamentario.
Con el presidente Yamandú Orsi sentado en primera fila y una sala colmada, Gonzalo Casaravilla asumió oficialmente como responsable de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Durante su intervención, que se extendió casi 20 minutos, el exjerarca de UTE no esquivó los temas delicados. Sin mencionar nombres, fue directo: “No vamos a repetir prácticas de clientelismo”, expresó, en una clara alusión a lo ocurrido en el período anterior.
Este cambio en la CTM se da apenas días antes de que Carlos Albisu, referente blanco y aliado de Lacalle Pou, resultara electo como nuevo intendente de Salto. A pesar de las críticas recibidas en su gestión en la comisión binacional, logró conservar una base de apoyo sólida en el departamento.
De acuerdo a lo que pudo saber Uruguay al Día, Albisu fue cuestionado por designaciones sin concurso que se realizaron durante su presidencia en la CTM. En total, 35 personas fueron contratadas de forma directa, con sueldos que superaban los 90 mil pesos. Muchas de estas personas tenían vínculos con los sectores Aire Fresco (PN) y Vamos Salto (PC).
La controversia generó ruido político y derivó en su renuncia al cargo en 2023. Desde el Parlamento se exigió que quienes accedieron a esos cargos dieran un paso al costado, e incluso hubo respaldo a esa moción por parte de algunos legisladores del oficialismo. En ese momento, nueve ediles nacionalistas estuvieron en el centro del debate.
La Cancillería tomó cartas en el asunto y ordenó analizar esos ingresos, pero al tratarse de una estructura binacional, cualquier modificación debía ser consensuada con la representación argentina. Por eso, algunos contratados aceptaron renunciar y reingresar con condiciones distintas, mientras otros optaron por quedarse o fueron amparados por la normativa laboral del complejo hidroeléctrico, que responde a reglas compartidas con Argentina.
Hoy en día, 26 personas mantienen vínculos laborales con la CTM, de las cuales nueve tienen contratos que vencen en noviembre. Varios ocupaban puestos clave en la anterior administración, entre ellos: Carlos Silva (secretario de Albisu), Rodolfo Berneda (colorado vinculado a Germán Coutinho), Diego Gómez (asistente personal de Albisu), Enzo Paique (abogado y edil colorado), Hugo Previale (edil blanco), y Rosa Imoda, exalcaldesa de Los Cerrillos.
El equipo actual, conformado por Casaravilla como presidente, y los delegados Elbio Machado (sector El Abrazo) y Nicolás Urrutia (MPP), evalúa si corresponde mantener esos cargos. Si consideran que deben seguir, abrirán llamados públicos para cubrirlos, afirmaron fuentes políticas a Uruguay al Día.
Por otra parte, hay cuatro personas contratadas para tareas de vigilancia cuyos contratos también vencen este año. A diferencia de los anteriores, estos puestos se renuevan anualmente y requieren coordinación con la delegación argentina. En esta lista figuran: Fabricio Castillo (vinculado al colorado Omar Estévez), Gustavo Selva (jefe de seguridad de Albisu), y otros dos funcionarios nacionalistas: Héctor Trinidad y Daniel Lewis.
Además, seis funcionarios contratados en la gestión de Albisu siguen trabajando en el complejo binacional, pero con un régimen laboral que no prevé vencimiento. Se trata de personas cercanas a la vida política de Salto: Florencia Supparo (fue edil y candidata a diputada por el PN), Juan Ignacio Hourcade, José Luis Ambrosoni, Miguel San Germán, Ignacio Supparo y Guzmán Parietti (Jóvenes de Aire Fresco). Todos continúan en funciones bajo el mismo sistema que sus colegas argentinos.
En tanto, hay tres designados que se negaron a renunciar, incluso cuando el Parlamento reclamó esa medida. Una es Agustina Escanellas, abogada, exdirigente de Germán Coutinho y candidata a diputada por el sector de Andrés Ojeda. También figuran Geraldine Ribeiro, contratada en el área de comunicación, y Luis Gustavo Denis, chofer de la delegación.
Con este panorama, la nueva conducción tiene por delante la tarea de revisar, regularizar y, si corresponde, reestructurar los puestos heredados. Por lo pronto, Casaravilla dejó claro que la intención es marcar un rumbo distinto, con foco en la transparencia y en evitar nombramientos que no pasen por concursos abiertos.
