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Estancia María Dolores, centro de una operación que desató una tormenta política y legal.
El gobierno autorizó la compra de la estancia María Dolores por más de 32 millones de dólares, en medio de observaciones del Tribunal de Cuentas, falta de votos requeridos y con un timing tan simbólico como cuestionado.
La operación, que involucra más de 4.000 hectáreas en la cuenca lechera de Florida, fue efectivizada por el Poder Ejecutivo a pesar de cuatro observaciones formales emitidas por el Tribunal de Cuentas. La adquisición se concretó como parte de una ampliación del patrimonio del Instituto Nacional de Colonización, que según los propios documentos oficiales, no contaba con disponibilidad presupuestal suficiente.
La transacción se firmó un lunes, mientras el país despedía con honores al expresidente José Mujica. En ese contexto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó públicamente que la compra se hacía “en homenaje a Mujica”, justo frente a la sede del MPP. Para muchos, ese detalle no pasó desapercibido: una decisión de alto impacto económico anunciada en medio de un cortejo fúnebre, como si se mezclaran los símbolos con las urgencias partidarias.
Observaciones del Tribunal de Cuentas
El Tribunal marcó cuatro puntos clave:
Colonización no contaba con presupuesto suficiente para ejecutar la compra.
El gasto superaba ampliamente la asignación anual disponible.
La ley exige cuatro votos sobre cinco en el Directorio del INC para una compra directa, pero sólo hubo tres.
La propiedad tiene una prenda sobre el sistema de riego, sin quedar claro si está incluido en el negocio.
Los votos a favor provinieron exclusivamente de representantes vinculados al Frente Amplio, mientras que los ministros designados por blancos y colorados se opusieron. A pesar de las advertencias técnicas y políticas, el gobierno avanzó sin dar marcha atrás.
Renuncia y polémica
La operación desató consecuencias. Eduardo Viera, presidente del INC, renunció tras conocerse que él mismo era colono. Aun así, defendió la compra y apuntó contra el senador Sebastián Da Silva, asegurando que “él sabe que no es caro”. Pero las críticas no se enfocaron únicamente en el precio, sino en el procedimiento, el momento político y la falta de transparencia sobre lo que realmente se adquirió.
La defensa oficial sostiene que se trata de una inversión estratégica para el desarrollo productivo. Sin embargo, hay datos que dejan dudas abiertas: ¿por qué avanzar sin los votos necesarios? ¿por qué hacer la compra sin respaldo presupuestal? ¿por qué firmarla justo ese día?
Una compra que duele
Mientras el país discute cómo cubrir gastos en salud, educación o mejorar salarios en áreas críticas, se desembolsan más de 32 millones de dólares para una estancia que genera interrogantes. Y lo más llamativo: no se trata de una licitación abierta ni de una subasta pública, sino de una compra directa, sellada entre pocos, en silencio, pero con consecuencias que pagarán muchos.
En definitiva, la estancia María Dolores quedó en el centro de una escena que mezcla política, tierra, símbolos y recursos del Estado. Sin respuestas claras, la operación ya dejó algo evidente: cuando las prioridades no se explican, el costo siempre lo paga la ciudadanía.
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