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Residentes permanentes pueden ser deportados si violan condiciones legales en Estados Unidos.
El caso de Mahmoud Khalil, activista palestino y residente permanente en Estados Unidos, puso sobre la mesa una pregunta incómoda pero real: ¿puede una persona con green card ser deportada? La respuesta es sí, y el proceso para perder ese estatus legal puede activarse en determinadas circunstancias.
Khalil, residente en Nueva York desde 2024, no ha sido acusado formalmente de ningún delito. Sin embargo, actualmente está detenido en Luisiana mientras se analiza su situación migratoria. El caso generó repercusiones debido a su participación en manifestaciones por la guerra en Gaza en la Universidad de Columbia el año pasado.
A diferencia de la ciudadanía, la residencia permanente legal en Estados Unidos no es un derecho inamovible. Se trata de un beneficio que puede ser revocado si la persona incurre en delitos o actividades que contradigan las leyes migratorias o representen un riesgo para la seguridad nacional.
Linda Dakin-Grimm, abogada de inmigración radicada en Nueva York, explicó que si bien no es algo cotidiano, tampoco es inusual. "Muchas personas pierden su green card por condenas penales, delitos relacionados con drogas o fraude. Y también si existen vínculos con actividades que afecten la seguridad nacional", detalló.
El proceso se inicia cuando las autoridades —generalmente el Departamento de Seguridad Nacional— determinan que hay elementos para cuestionar el estatus del residente. Puede activarse a través de una investigación policial, un control migratorio o incluso una denuncia anónima. En esos casos, el titular de la green card recibe una notificación oficial para presentarse ante un juez de inmigración. En situaciones graves, como la de Khalil, puede ser detenido preventivamente.
Un detalle importante: los procesos migratorios en Estados Unidos no ofrecen asistencia legal gratuita. A diferencia del sistema penal, donde se garantiza un defensor público si la persona no puede costear uno, en los tribunales de inmigración no existe esa obligación. Muchos migrantes deben enfrentar estos procedimientos solos o buscar organizaciones que trabajen de forma pro bono.
El caso de Khalil tomó un giro político. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se revocaría su residencia basándose en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que permite actuar si la presencia del extranjero se considera perjudicial para la política exterior del país. “Nadie tiene derecho a una green card. Si sabíamos que venías para hacer esto, no te dejábamos entrar”, declaró Rubio.
Khalil fue citado a declarar ante un juez de inmigración el próximo 27 de marzo en el centro de detención de Lasalle, en Luisiana. La última palabra la tendrá el tribunal, donde el gobierno deberá probar que el activista violó condiciones migratorias o representa una amenaza. Si el juez falla en su contra, Khalil puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y, en última instancia, a un tribunal federal. Aunque rara vez llegan a la Corte Suprema, la posibilidad existe.
El problema es que todo ese camino cuesta. Según Dakin-Grimm, seguir el proceso hasta el final puede requerir cientos de miles de dólares. “La mayoría no puede pagar eso. Por eso muchas veces dependen de ONGs, clínicas legales o abogados que toman el caso sin cobrar”, explicó.
En caso de perder todas las apelaciones, el titular de la green card debe abandonar el país. Si logra revertir la decisión, conserva su estatus legal.
El caso deja una lección clara: la residencia permanente no es para siempre. Es válida mientras se cumplan las condiciones que la ley establece. Muchos creen que es “para toda la vida”, pero no es así. Basta con una acusación seria o una decisión política para que esa estabilidad se vuelva incierta.
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