La creación irregular de la oficina generó denuncias y reclamos de transparencia. Foto: FocoUy/Mauricio Zina
Un fuerte revuelo sacude al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tras conocerse la creación irregular de una oficina secreta de inteligencia durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou. Según el reconocido estudio jurídico Delpiazzo, esta oficina llamada Oficina de Información Táctica (OIT), no tenía ninguna base legal para funcionar y estaba operando en absoluta clandestinidad.
Lo que genera más preocupación es que la OIT actuaba pisando competencias de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP), llevando adelante tareas de espionaje para las que nunca tuvo autorización. Esta situación levantó serias sospechas sobre posibles intereses ocultos, generando intranquilidad tanto en organizaciones de derechos humanos como en expertos en derecho público.
El responsable visible de esta polémica oficina, Carlos Taroco, quedó fuertemente cuestionado después de que varios funcionarios bajo su mando terminaran condenados por graves delitos, incluyendo cohecho, revelación de secretos y asociación para delinquir. Entre las irregularidades más destacadas figura una maniobra conocida como "estafa procesal", vinculada al mediático caso del exsenador Gustavo Penadés, algo que agravó aún más la situación.
Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (SITRAPEN) llevó adelante una fuerte denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Ministerio del Interior. El sindicato acusa directamente a las autoridades de obstaculizar las inspecciones que debe realizar la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres (CHTI), algo que perjudica claramente a los funcionarios penitenciarios y viola convenios internacionales en materia de salud laboral y seguridad.
Desde SITRAPEN pidieron enérgicamente que se inicie una investigación sumarial urgente y se cierre de inmediato esta oficina ilegal. Además, exigieron aclarar si hubo un uso indebido de datos personales de sus afiliados, lo cual profundiza aún más el malestar y la inquietud entre los trabajadores.
Estas denuncias evidencian una preocupante falta de transparencia respecto a cómo se asignaron los recursos y quiénes integraron la cuestionada OIT. Tanto expertos en derecho como representantes de derechos humanos remarcan que la gravedad de los hechos requiere una investigación urgente y profunda para identificar claramente a los responsables.
El escándalo no solo pone en jaque la credibilidad del sistema penitenciario uruguayo, sino que además revela grietas institucionales preocupantes, que podrían derivar en consecuencias legales y políticas importantes. Para recomponer la confianza y asegurar la transparencia del sistema, es indispensable aclarar estos graves hechos.
La ciudadanía espera con atención una respuesta contundente y urgente de las autoridades, para aclarar de una vez esta situación que golpea directamente la credibilidad institucional y democrática del país.
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