El proyecto busca que ningún jerarca asuma con deudas impagas al Estado. Foto: Dante Fernandez/FocoUy
El diputado Felipe Schipani propuso exigir constancias de estar al día con el Estado a quienes asumen cargos de confianza. De no cumplir, se retendría el salario.
En medio de cuestionamientos a figuras del sistema político por irregularidades tributarias, el diputado colorado Felipe Schipani presentó un proyecto de ley que apunta a poner más controles a quienes asumen cargos políticos o de particular confianza.
La propuesta busca que, dentro de los 60 días posteriores a la asunción del cargo, cada jerarca tenga que presentar un certificado de libre de deudas. Este documento deberá acreditar que la persona está al día con los siguientes organismos:
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Dirección General Impositiva (DGI)
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Banco de Previsión Social (BPS)
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Impuesto de Enseñanza Primaria
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Fondo de Solidaridad
En caso de incumplimiento, el proyecto prevé una medida directa: la retención total del sueldo hasta que regularicen su situación.
El organismo que se encargaría de controlar el cumplimiento sería la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), según lo establece el texto ingresado en la Cámara de Representantes.
Este proyecto surge tras los recientes casos de Cecilia Cairo, exministra que fue cuestionada por no pagar el impuesto de primaria durante más de 20 años y por irregularidades en la construcción de su vivienda, y Rodrigo Arim, director de la OPP, por situaciones similares en una casa de veraneo.
Aunque la iniciativa ya despertó reacciones a favor y en contra, en el fondo reabre una discusión más amplia: ¿qué exigencias mínimas deberíamos tener hacia quienes ocupan cargos de responsabilidad política? Algunos consideran que pedir estos certificados es una forma de cuidar la confianza pública. Otros creen que no alcanza, y que el problema de fondo está en la complejidad y fragmentación del sistema tributario uruguayo.
Sea como sea, el debate ya está arriba de la mesa.