La denuncia revela una presunta violación de protocolo en la custodia de mujeres presas.
Una reclusa denunció abuso sexual y lesiones durante su custodia médica en Montevideo; se investiga al policía, al INR y al centro clínico por posibles responsabilidades.
Una mujer privada de libertad, alojada actualmente en la Unidad 5, denunció haber sido abusada sexualmente y golpeada mientras estaba bajo custodia médica en la clínica Casa Fuente del Prado, ubicada en Montevideo.
El hecho habría ocurrido en la tarde del 1.º de mayo, según su testimonio, cuando era trasladada por razones de salud. La mujer identificó como autor del ataque al policía encargado de su custodia, quien según su relato actuó sin supervisión femenina, contraviniendo lo establecido por la normativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que indica que las mujeres deben ser custodiadas por funcionarias del mismo sexo en situaciones de este tipo.
La denuncia fue presentada por su abogado y ya hay tres investigaciones en curso
Casi una semana después del episodio, la reclusa pudo comunicarse por teléfono con su familia durante tres minutos. Fue en ese breve contacto que logró contar lo que había pasado. A partir de allí, el caso fue derivado al abogado Rodrigo Rolón, quien este viernes formalizó la denuncia ante el Ministerio del Interior.
El caso ya fue notificado al juez Damián Batto, quien a su vez informó a la Fiscalía e inició las actuaciones correspondientes. También solicitó un informe a la clínica Fuente del Prado, donde tuvo lugar la presunta agresión, para conocer detalles sobre la permanencia de la mujer en ese centro y las medidas de seguridad aplicadas durante su estadía.
El INR abrió una investigación interna y el policía fue señalado
Paralelamente, el INR inició una investigación interna para esclarecer lo sucedido y revisar el protocolo de custodia que se aplicó en este caso. Según confirmaron fuentes vinculadas al procedimiento, el policía señalado ya está siendo investigado, aunque no se han brindado más detalles oficiales, debido a que el expediente está en fase de instrucción.
Desde el Ministerio del Interior se declinó hacer declaraciones públicas, reiterando que el asunto se encuentra en investigación.
La reclusa presentaba lesiones físicas y el Estado podría enfrentar un juicio
Tras su retorno a la Unidad 5, se le practicó una revisión médica, donde se le constataron lesiones físicas. En caso de que las pericias forenses confirmen la existencia de abuso sexual, el abogado Rodrigo Rolón adelantó que iniciará una demanda contra el Estado uruguayo, señalando su responsabilidad por no haber garantizado la protección de una persona privada de libertad y en situación de vulnerabilidad.
Se deberá revisar el rol de la clínica y los protocolos de custodia
Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los actores judiciales es la aparente violación del protocolo oficial, ya que la custodia fue realizada por un hombre, cuando la normativa específica del INR exige que mujeres presas sean escoltadas por funcionarias femeninas, salvo excepciones debidamente justificadas.
La investigación también buscará determinar si hubo omisión o negligencia por parte del personal de la clínica, y qué medidas se tomaron (o no) para evitar que se produjera un hecho de esta magnitud dentro de una institución médica.
Mientras las investigaciones avanzan por los carriles judicial, administrativo e institucional, la situación pone el foco nuevamente en la necesidad de revisar los mecanismos de protección hacia las personas que están bajo custodia del Estado, y en especial aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres privadas de libertad.