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Investigación fiscal apunta a transacciones con fondos obreros que terminaron en gastos personales.
La Fiscalía detectó casi 200 transferencias irregulares desde el Fosvoc. Compras personales, cheques dudosos y nexos con el Sunca y el Partido Comunista uruguayo.
Stella Rey, administrativa encargada de efectuar los pagos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), figura como pieza central en la investigación que lidera la Fiscalía de Delitos Económicos. La carpeta fiscal consigna 193 transferencias que habrían salido de la cuenta del fondo hacia terceros sin justificación social.
Según declaró la fiscal adjunta, esos movimientos alimentaron cuentas que luego retiraban efectivo o derivaban montos a otras personas, mecanismo descrito como “mulas financieras”. Varios indagados –incluidos tres exdirigentes del Sunca ya condenados– apuntaron que el dinero terminaba sosteniendo estructura sindical y actividades partidarias.
Esta semana Rey prestó testimonio y señaló que actuaba por indicaciones de Bruno Bertolio, expresidente del Fosvoc y uno de los sindicalistas sentenciados por estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado. La funcionaria aseguró que recibía montos y destinatarios sin participar en la decisión.
Los testimonios coinciden en que las órdenes finales provenían de la secretaria de finanzas del Sunca, Laura Alberti, también dirigente del Partido Comunista. Por ahora, Alberti no enfrenta cargos formales y su sector político la respalda públicamente.
Al menos doce personas permanecen indagadas, además de los tres condenados y de la propia Rey, cuyas transferencias permiten trazar la ruta del dinero. La investigación policial detectó que parte de esos fondos llegó a la cuenta personal de la empleada como “comisión”. En 2024, la mujer habría gastado más de medio millón de pesos en productos diversos, pagos realizados con una cuenta de Mercado Pago vinculada a sus tarjetas.
Entre las compras figuran repetidas órdenes de comida para mascotas, una heladera, una laptop, un iPhone, un lavavajillas, un colchón, muebles, accesorios electrónicos y hasta un estimulador sexual. La lista completa forma parte del expediente.
Otro capítulo bajo la lupa es la adquisición de una camioneta cero kilómetro que debía quedar en la cooperativa Coopintare, organización propuesta por el Sunca para gestionar centros educativos. Documentos bancarios muestran que el cheque se giró por un monto mayor al valor del vehículo, y la diferencia habría sido devuelta a Bertolio.
Ignacio Otegui, expresidente de la Cámara de la Construcción y exintegrante de la directiva del Fosvoc, declaró que el gremio impulsó ayudas llamadas “partidas especiales” destinadas a obreros en situación crítica. Reconoció que los controles sobre esos pagos fueron laxos y que, a veces, no se exigían comprobantes.
El mecanismo incluía “partidas espejo”: donaciones del mismo importe para entidades educativas o sociales vinculadas al sector empresarial. Sin embargo, la Fiscalía detectó que al menos cuatro cheques destinados a Coopintare no llegaron a la institución; tres fueron cobrados por Bertolio y uno por Santiago Bernaola, otro de los condenados.
Investigadores creen que el desvío funcionó durante años y mencionan antecedentes en épocas en que destacados dirigentes –hoy legisladores– estaban al frente del sindicato. La causa sigue abierta y la Fiscalía planea pedir imputaciones adicionales una vez termine la feria judicial.
Por ahora, la figura de Stella Rey se perfila como clave para desentrañar el esquema: sus transferencias enlazan a los beneficiarios finales y permiten reconstruir la ruta del dinero obrero transformado en gastos personales.
