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Carrasco y familiares de Basso declararon ante Fiscalía por millonaria estafa ganadera.
Más de 4.000 ahorristas afectados tras la caída de Conexión Ganadera. Carrasco, su esposa y la viuda de Basso declararon ante el fiscal Rodríguez.
La Fiscalía de Lavado de Activos pedirá la imputación de Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, en el caso de Conexión Ganadera. La empresa, dedicada desde 1999 a captar ahorro privado para invertir en ganado, hoy arrastra una deuda de más de 230 millones de dólares y dejó a más de 4.000 personas sin cobrar.
Carrasco y Basso fundaron la firma que prometía rentas fijas del 7% en un negocio sin precedentes. Durante años, los inversores debían esperar para entrar. Pero en 2024, tras la caída de firmas similares, comenzó el derrumbe.
Primero se supo del colapso de República Ganadera y el Grupo Larrarte. Luego, la noticia del accidente de tránsito que terminó con la vida de Basso. Con el tiempo, la Justicia comprobó que no fue un accidente, sino un suicidio: había chocado deliberadamente contra una máquina vial.
Cabral relató entre lágrimas su experiencia ante el fiscal Enrique Rodríguez. Recordó cómo, tras el entierro de su esposo, Carrasco y su esposa le pidieron hablar. Fue allí que le contaron que había un “desfasaje” en el balance de la empresa. “No entendíamos qué era lo que nos estaban diciendo… ahí empezó todo este lío. Hace seis meses que no tenemos vida”, dijo al borde del llanto.
La mujer aseguró que desconocía la operativa interna de la firma, pese a haber firmado documentos que la vinculaban. Dijo que su esposo era reservado y no solía comentar decisiones empresariales.
Por su parte, Carrasco también se desmarcó de la gestión financiera. Declaró que confiaba plenamente en Basso y que no sentía necesidad de controlar sus decisiones. “Era mi referente, para mí era como haberme sacado la lotería”, expresó ante Fiscalía.
Contó que se enteraba de las cifras cuando hablaban cada seis meses, y que confiaba tanto en el negocio que recomendó a su hijo invertir sus primeros ahorros.
La causa tiene frentes abiertos tanto en la Justicia Concursal —por la liquidación de activos— como en lo penal. La fiscalía analiza el papel de cada uno de los accionistas y su posible responsabilidad en la captación de fondos que hoy quedaron sin respaldo.
La estafa ganadera más grande de los últimos años en Uruguay deja un tendal de damnificados. El proceso judicial recién comienza, pero ya se siente el impacto en miles de familias que confiaron sus ahorros a un modelo que, para muchos, parecía seguro.
