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Adolescentes extranjeros permanecen aislados en celdas del Inisa sin posibilidad de contacto familiar.
Siete adolescentes extranjeros están privados de libertad en Uruguay sin vínculos familiares ni registros claros. El Inisa considera que su situación representa un desafío complejo.
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) emitió una alerta sobre la situación de siete adolescentes extranjeros que están privados de libertad en Uruguay sin vínculos afectivos en el país. Según datos recabados por Uruguay al Día, se trata de jóvenes que ingresaron de forma irregular y cumplen penas por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas o abuso sexual.
Cinco provienen de Brasil, uno de Venezuela y otro de Argentina. Tienen entre 16 y 21 años, pero dos ya alcanzaron la mayoría de edad, aunque fueron condenados por delitos cometidos siendo menores.
Las condiciones de reclusión son extremas: celdas solitarias o compartidas con otro joven, largos períodos de encierro y el uso de grilletes incluso para ir al baño. La principal preocupación de las autoridades es la falta de arraigo familiar, lo que dificulta los procesos de rehabilitación y reinserción.
Además, hay dificultades para obtener información completa desde los países de origen. Los consulados suelen brindar documentación incompleta, lo que deja a los adolescentes sin historia penal clara ni respaldo institucional. Las trayectorias de vida de estos jóvenes permanecen en gran parte desconocidas.
Según explicó el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, "es imposible proyectar un futuro cuando no hay familia, identidad ni referencias". En declaraciones realizadas en Canal 5, el jerarca expresó:
“¿Querés que te mienta? Un chiquilín que está sicariado a los 15, que viene sin familia, no sé en qué se va a convertir cuando salga a los 22”.
El Directorio del organismo evalúa posibles medidas, entre ellas el intercambio de información con países de origen y la posibilidad de que algunos adolescentes cumplan condena en su país, donde podrían tener algún tipo de arraigo o contención.
Más allá de estos casos puntuales, desde el Inisa insisten en que la prisión debe ser la última opción. Se promueve que, en los casos que sea viable, se apliquen medidas alternativas a la reclusión para adolescentes infractores.
“La educación sin libertad es muy difícil”, declaró Saavedra, quien remarcó que el sistema debe encontrar un equilibrio entre la protección de la comunidad y la posibilidad de rehabilitación de los jóvenes.
Según dijo, algunos delitos son “espantosos” e irreparables, pero eso no debe impedir pensar en políticas públicas que no reproduzcan el encierro como única respuesta.
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