Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin
Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela están prácticamente en pausa desde que el régimen de Nicolás Maduro decidió expulsar a la misión diplomática uruguaya, tras las acusaciones de fraude en las elecciones del 28 de julio de 2024. Aunque no se han roto formalmente, la Cancillería uruguaya ha calificado esta acción como "injustificada y desproporcionada", subrayando que afecta tanto a la comunidad venezolana en Uruguay como a los uruguayos en Venezuela, especialmente en cuestiones consulares como el cobro de jubilaciones o traslados por motivos médicos.
El nuevo gobierno de Yamandú Orsi considera que las relaciones están "en punto cero", pero está buscando reactivar los canales básicos. El canciller Mario Lubetkin ha expresado su preocupación por la falta de vínculos consulares y, esta semana, junto a su homólogo venezolano, anunció la reactivación de los servicios consulares en Montevideo y Caracas. Esta medida tiene como objetivo atender a las comunidades residentes, especialmente tras el fallecimiento de un ciudadano uruguayo en Venezuela y otros casos, como el de Fabián Buglione, un uruguayo desaparecido.
A pesar de este avance práctico, el gobierno de Orsi no reconoce los resultados de las elecciones venezolanas ni al régimen de Maduro como legítimo. Además, no tiene planes de enviar un nuevo embajador, tras la salida forzada de Silvana Montes de Oca en julio de 2024. La Cancillería se apoya en la Convención de Viena para diferenciar entre relaciones diplomáticas y consulares, afirmando que su prioridad es asistir a los ciudadanos.
El senador colorado Andrés Ojeda ha criticado esta decisión, tildándola de “gesto de cariño” hacia Maduro y ha exigido que, al menos, se informe sobre el paradero de Buglione. En este contexto, Uruguay mantiene una postura crítica frente al chavismo, pero busca un entendimiento mínimo para proteger a sus ciudadanos y residentes.
