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"El parque del Lago en Salto, una de las zonas señaladas en la denuncia por tala ilegal con maquinaria municipal."
La justicia en silencio: la denuncia por corrupción contra Andrés Lima que nadie quiere tocar
Mientras en el resto del país el discurso oficial promueve transparencia y lucha contra la corrupción, en Salto una denuncia grave permanece congelada. Es una denuncia con nombre y apellido, con documentos, con más de treinta testigos ofrecidos, con fotos, audios y detalles concretos de una presunta red de clientelismo y uso irregular de los recursos públicos. Sin embargo, nadie ha hecho nada. Nadie. Ni la Fiscalía, ni los partidos políticos, ni siquiera los organismos de control.
La denuncia fue presentada por el doctor Joaquín Trinidad, abogado que durante más de seis meses reunió material que involucra a figuras de la administración del exintendente Andrés Lima. El expediente, según él mismo relata, fue presentado formalmente en abril de 2024. Desde entonces, silencio absoluto.
No es una de esas denuncias de “pasillo”, sin sustento. Trinidad asegura que se incluyeron documentos, declaraciones, audios, fotos, e incluso pruebas extraídas de informes periodísticos. El material apunta a un sistema de favores: leña, relleno, terrenos o cargos otorgados —supuestamente— a cambio de militancia política. En criollo: si no ibas al acto, te bajaban del plan.
Pero no se trata solo de favores. Hay elementos que preocupan más: tala ilegal de árboles en el Parque del Lago, uso de maquinaria municipal para fines no autorizados, y hasta extracción de materiales del río Uruguay desde zonas protegidas. Todo eso fue reportado con nombres de testigos y ubicaciones concretas.
La Fiscalía, encabezada por el doctor Rodríguez Carreté, ni siquiera citó a los denunciantes para ratificar la presentación. Ni una reunión. Ni una notificación. Según Trinidad, ni siquiera le permitieron acceder al expediente que él mismo firmó como abogado patrocinante. Le pidieron que presentara otra vez la misma documentación para poder hablar con el fiscal. Una traba administrativa ridícula, pero efectiva.
Mientras tanto, quienes deberían actuar miran para el costado. Ningún edil, ningún dirigente local, ni siquiera quienes se golpeaban el pecho en campaña diciendo que iban a “limpiar la intendencia”, retomaron la denuncia. Todos hablaron en la pulpería, pero callaron en la comisaría.
¿Dónde están los que gritaban en las redes? ¿Dónde los que se sacaban selfies en actos de "ética pública"? ¿Dónde están los controles institucionales? Esta causa, al día de hoy, no tiene movimiento. Y eso, en sí mismo, es un mensaje: hay cosas que no se tocan.
La denuncia no apunta exclusivamente al exintendente Lima. También menciona jerarcas de confianza, funcionarios que —según la acusación— ejecutaban órdenes para movilizar recursos con fines políticos. No se habla de enriquecimiento ilícito, sino de una lógica de poder: se cambian recursos públicos por apoyo, cargos por fidelidad, permanencia por silencio.
Y aunque no haya billetes circulando, el poder también es una moneda. Una que vale reelecciones, contratos y lealtades eternas.
Hoy Joaquín Trinidad no continúa solo. Lo dejó claro: puso todo el trabajo a disposición del gobierno entrante, de la ciudadanía, de quien quiera tomar la posta. No se bajó por miedo, sino por agotamiento. Porque luchar solo contra el sistema tiene un límite. Porque la impunidad también se alimenta del silencio de los demás.
Esta columna no es en contra de un partido ni de una persona. Es a favor de la dignidad. A favor de que la justicia no mire para otro lado cuando los denunciados tienen poder. Porque cuando la justicia calla, los ciudadanos tienen la obligación de hablar.
Y en Salto, hace rato que la justicia calla.
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