Militantes del FA sin cobrar: contratos de monotributo que los Lima olvidaron

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Trabajadores contratados por monotributo reclaman en Salto tras quedar sin sueldo, aguinaldo ni licencias tras el cese de sus vínculos.

El pasado 30 de junio vencieron los contratos de más de 300 personas que prestaban servicios a la Intendencia de Salto bajo la modalidad de monotributo. Desde entonces, no han cobrado el sueldo correspondiente a ese último mes trabajado y —según denuncian— jamás recibieron licencia paga, aguinaldo, salario vacacional ni feriados. Nada. Solo trabajo por necesidad y a cambio de promesas políticas que hoy, como tantas veces, se diluyen con el cambio de gestión.

Una trabajadora expresó:

“Los sueldos del mes que nuestro contrato cesó el 30 de junio aún no los cobramos. Nunca se nos pagó licencias, aguinaldos, ni siquiera feriados. Vamos a esperar con los gurises hasta mañana, y si no, vamos todos a hacer el reclamo. Un grupo va a ir a las oficinas de la Intendencia a reclamar lo que corresponde.”

La frase estremece, pero también enoja. Porque si bien hay responsabilidad institucional, también hay una realidad incómoda: muchos aceptaron esa modalidad no por desconocimiento, sino por militancia política, por acomodo, o por “sacar algo” en una estructura clientelista que desde hace años contamina las gestiones departamentales. Algunos ahora —cuando se apagan los teléfonos de quienes los nombraron— lloran tarde. Pero no por eso hay que ignorar el abuso, ni dejar de señalar con claridad lo que ocurre.

Este caso es un ejemplo más de cómo el monotributo, creado originalmente para formalizar a pequeños emprendedores, se ha convertido en un instrumento para precarizar funciones públicas esenciales, como servicios de alimentación, hogares de emergencia o limpieza. El contrato vence, y con él se esfuma todo derecho.

Las autoridades salientes —como la gestión de Andrés Lima— firmaron convenios con MIDES y BPS que permitían estas contrataciones, pero no garantizaban ni derechos laborales básicos ni estabilidad alguna. Y mientras los funcionarios de carrera cobran sus licencias y aguinaldos, cientos de monotributistas quedan hoy desamparados.

La crítica también debe dirigirse a la clase política departamental en su conjunto, que permitió —por acción u omisión— esta lógica. Se necesita con urgencia una auditoría laboral y un debate legislativo serio sobre el uso del monotributo en entes públicos. Porque los gurises —como dice la trabajadora— no pueden esperar.