El fallo judicial establece una de las sanciones económicas más altas por corrupción en Argentina.
Un tribunal federal de Argentina ordenó este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros ocho condenados en una causa por corrupción, devuelvan una cifra que ronda los 535 millones de dólares. El fallo, difundido por medios locales, se relaciona con el caso de las irregularidades detectadas en la adjudicación de obra pública durante los mandatos de Kirchner, entre 2007 y 2015.
Actualmente en prisión domiciliaria tras haber sido condenada en junio a seis años de cárcel y a inhabilitación política permanente, la expresidenta fue señalada como responsable de una maniobra de administración fraudulenta que generó un fuerte perjuicio económico al Estado. La Justicia calculó el monto tras un peritaje oficial que estimó el daño al erario público en más de 684 mil millones de pesos argentinos, equivalentes a 535 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
La resolución no aclara cuánto debe pagar cada uno de los condenados, pero sí establece que la totalidad del dinero deberá ser depositado a disposición del tribunal dentro de un plazo de diez días hábiles. Debido al receso judicial de invierno, ese límite se extiende hasta el 13 de agosto. En caso de no cumplir con la orden, el tribunal podría avanzar con el remate de propiedades ya embargadas, además de incautar fondos que pudieran estar en cuentas bancarias a nombre de los imputados.
Según la última declaración jurada presentada por Kirchner ante la Oficina Anticorrupción en 2023, su patrimonio rondaba los 250 millones de pesos, lo que hoy representa unos 195 mil dólares. En el pasado también figuraba como titular de distintos inmuebles, aunque varios de ellos fueron transferidos a sus hijos hace algunos años.
Hasta el momento, su defensa no se pronunció oficialmente sobre el fallo ni adelantó si apelará la medida. Entre los otros implicados se encuentra el empresario Lázaro Báez, uno de los principales adjudicatarios de obras viales durante los gobiernos kirchneristas, y varios exfuncionarios, como José López —recordado por el episodio de los bolsos con dinero—, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez. Las penas para este grupo varían entre los tres años y medio y los seis años de prisión efectiva.
El fallo fue interpretado como una señal de presión económica sobre los condenados, más allá del cumplimiento de las penas de prisión. A falta de bienes líquidos que cubran el monto total, podrían comenzar a ejecutarse embargos y subastas de propiedades para intentar saldar parte del importe reclamado.
Aunque la cifra es abultada, los expertos judiciales explicaron que no se trata de una multa, sino de una compensación económica al Estado por el perjuicio causado. En otras palabras, el tribunal exige que los implicados devuelvan lo que, según la investigación, fue desviado o mal administrado durante su paso por la función pública.