Florida iguala su récord histórico de ejecuciones, mientras crecen las voces en contra.
Las autoridades del estado de Florida ejecutaron este martes a Michael Bell, un hombre de 54 años condenado a muerte por un doble homicidio cometido en 1993 a las afueras de un bar en la ciudad de Jacksonville. La ejecución, realizada mediante inyección letal, tuvo lugar a las 18:25 hora local en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de la localidad de Starke, en el norte del estado.
Bell había sido condenado a la pena capital en 1995, tras ser hallado culpable del asesinato de dos personas a quienes, según se estableció en el juicio, confundió con los responsables de la muerte de su hermano, ocurrida a principios de ese mismo año.
Esta ejecución representa la octava que se lleva a cabo en lo que va de 2025 en Florida, igualando los registros de 1984 y 2014, y consolidando al estado como uno de los que más aplica la pena de muerte en Estados Unidos. Se espera que el próximo 31 de julio se concrete una nueva ejecución, lo que rompería el récord actual.
El creciente número de ejecuciones en Florida ha generado alarma entre organizaciones sociales y líderes religiosos, quienes enviaron una carta al gobernador Ron DeSantis solicitando el fin de estas prácticas. Todas las ejecuciones recientes han sido autorizadas por el mandatario republicano, quien ha respaldado públicamente el endurecimiento de las leyes penales.
Florida es actualmente el tercer estado con mayor cantidad de ejecuciones desde la reinstauración de la pena capital en 1976, con 113 personas ejecutadas. Solo es superado por Texas, que acumula 595, y Oklahoma, con 129.
Florida iguala su récord histórico de ejecuciones, mientras crecen las voces en contra.
En 2023, el estado aprobó una polémica ley que elimina la necesidad de unanimidad en el jurado para recomendar la pena de muerte. A partir de entonces, basta con que 8 de los 12 miembros del jurado voten a favor para que se aplique la condena capital, algo que Florida comparte únicamente con Alabama.
Este nuevo marco legal ha facilitado el incremento de las ejecuciones y ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos. Sostienen que se corre el riesgo de errores judiciales y falta de garantías procesales adecuadas.
Mientras tanto, desde el sistema penitenciario ya se están preparando para el próximo ajusticiamiento programado para finales de julio. Y con cada caso, el debate sobre la justicia, el castigo y el derecho a la vida vuelve a encenderse en la opinión pública.