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Fachada de la Intendencia de Salto, en medio de tensiones por la falta de fondos para el pago de salarios.
La actual administración de la Intendencia de Salto deberá enfrentar una situación financiera delicada: el Banco República (BROU) advirtió que no renovará la línea de crédito tradicional que se usa para pagar salarios, debido a que la gestión anterior, encabezada por Andrés Lima, no canceló el préstamo vigente.
Esta línea de crédito, que requiere autorización de la Junta Departamental para ser renovada al inicio de cada período de gobierno, está vencida y no fue regularizada por Lima antes de dejar el cargo. Según fuentes políticas, los servicios jurídicos del BROU estuvieron a punto de intimar a la Intendencia, amparándose en el artículo 214 de la Constitución, para proceder a la retención de partidas presupuestales si no se saldaba la deuda.
El problema se traslada ahora a la administración entrante, que deberá enviar un mensaje a la Junta para solicitar una nueva autorización de endeudamiento por un monto estimado en 7,3 millones de dólares. Con ese dinero se cubriría el pago de sueldos del próximo mes, ya que al día de hoy la Intendencia no cuenta con fondos suficientes.
Fuentes bancarias, informaron a Uruguay Al Día que se estima que el BROU, permitió que la situación se mantuviera sin resolución durante la campaña electoral, posponiendo medidas hasta pasado el acto eleccionario. La línea de crédito vencida había sido utilizada durante años como mecanismo habitual para mantener al día el pago de haberes.
En la Junta Departamental ya comenzaron los intercambios políticos. Algunos ediles exigen explicaciones documentadas antes de votar la autorización. Entre ellos, varios expresaron que no aceptarán negociar el silencio a cambio del voto favorable del Frente Amplio. Se discute la transparencia del proceso y se pide que la población conozca con claridad el estado real de las finanzas municipales.
Además, surgió la versión de que unos 292 funcionarios designados en el último período estarían tramitando préstamos personales en el BROU, presuntamente como estrategia para blindarse ante posibles ceses. En paralelo, se supo que COSALCO habría rechazado solicitudes de crédito presentadas por esos funcionarios, ante la incertidumbre sobre la estabilidad de sus contratos.
El escenario se mantiene tenso en Salto, donde los ediles analizan el pedido del Ejecutivo y reclaman información antes de habilitar una nueva deuda que comprometerá al departamento en los próximos años.
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