El proyecto de hidrógeno verde en Paysandú enfrenta revisiones ambientales y observaciones internacionales.
Negociaciones entre HIF Global y el gobierno uruguayo avanzan, bajo la mirada atenta de Argentina.
HIF Global, la firma interesada en instalar una planta de producción de hidrógeno verde en Paysandú, continúa ajustando los detalles del emprendimiento en diálogo con el equipo de gobierno de Yamandú Orsi. Mientras tanto, distintas reparticiones estatales analizan los permisos necesarios para autorizar el inicio de la obra.
El tema no solo genera movimiento en Uruguay, sino también en la vecina orilla. Durante una reunión celebrada a fines de marzo en la Torre Ejecutiva, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, conversó con Orsi sobre el tema y planteó la necesidad de reconsiderar la ubicación para minimizar cualquier afectación al turismo de la ciudad de Colón, principal motor económico de la zona. “La planta va a quedar más cerca de Colón que de Paysandú”, señaló Frigerio tras el encuentro.
En paralelo, desde la Justicia argentina se inició una investigación de oficio a cargo de la fiscal federal Josefina Minatta, quien resolvió indagar sobre los posibles efectos ambientales que podría generar la planta. En declaraciones al medio El Entre Ríos, la fiscal explicó que solicitó a Prefectura realizar análisis independientes de la calidad del agua en el Río Uruguay. “Aunque la CARU ya realiza controles periódicos, buscamos contar con una fuente paralela de información”, indicó.
Minatta recordó que durante el litigio internacional por la planta de Botnia en Fray Bentos, la falta de estudios comparativos previos complicó la defensa ambiental. “En aquel momento, no se pudieron contrastar datos anteriores y posteriores a la instalación. Por eso es fundamental contar ahora con registros actualizados que permitan actuar si surgen inconvenientes más adelante”, comentó en una entrevista reciente con Infobae.
Como parte de esta primera etapa, también se solicitaron informes a las autoridades ambientales provinciales y nacionales de Argentina, quienes manifestaron no disponer aún de información oficial sobre el proyecto. Además, se están recopilando testimonios de vecinos de la ciudad de Colón para conocer las inquietudes locales.
En Uruguay, el inicio de las actuaciones argentinas no generó mayores sobresaltos. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que hasta el momento no existe comunicación formal, aunque destacaron el canal abierto de diálogo que mantiene el canciller Mario Lubetkin con las autoridades de Entre Ríos.
Desde los ministerios de Industria, Ambiente y Vivienda coincidieron en que el emprendimiento aún se encuentra en etapa preliminar, revisando los primeros permisos solicitados por la empresa.
A nivel departamental, la Junta de Paysandú aprobó en febrero un cambio en la clasificación de los terrenos donde se desarrollaría la planta. Sin embargo, la autorización desató una controversia legal. Según la Intendencia sanducera, existe una “autorización ficta” otorgada por el Ministerio de Ambiente, algo que el propio ministerio desconoce como válido.
Luego de dicha aprobación, la Intendencia promulgó un decreto para actualizar la categorización de los padrones y solicitó a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) registrar la modificación en el inventario nacional. Sin embargo, la Dinot aún no avanzó en esa inscripción, argumentando que subsisten diferencias jurídicas entre la comuna y el ministerio. “Mientras no se resuelva esa discrepancia, no se puede registrar la modificación”, señaló una fuente vinculada al expediente.
En paralelo a estas gestiones administrativas, continúan las conversaciones técnicas para realizar cambios al proyecto y atender las observaciones ambientales planteadas por los organismos públicos.
Según lo proyectado por HIF Global, la planta produciría anualmente 560 mil toneladas de e-metanol, que luego serían transformadas en 210 mil toneladas de e-gasolina. Además, como derivados del proceso, obtendrían unas 27 mil toneladas anuales de gas licuado (e-GL) y cerca de 3.800 toneladas de aceite pesado.
En diciembre de 2023, Ancap optó por retirarse de la iniciativa, aunque la empresa privada mantiene abiertas negociaciones con el gobierno uruguayo para restituirle al Estado el derecho de participar.
La planta estaría ubicada a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad de Paysandú, en la zona de Lorenzo Geyres, sobre dos padrones que abarcan 442 hectáreas. El emprendimiento incluye además un trazado de cañerías de 7 kilómetros que conectará la planta con la refinería de ALUR.
El rediseño del terreno contempla la división en dos lotes mediante el denominado Programa de Actuación Integrado Complementario (PAIC): un padrón de 152 hectáreas de categoría “rural natural” lindero al Río Uruguay, y otro de 288 hectáreas con categoría “suburbana industrial”.
Una vez finalizado el trámite en la Dinot, la empresa dispondrá de cinco años para concretar la obra. Si en ese plazo no ejecuta el proyecto, perderá la habilitación otorgada.
