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Oficinas del Fondo de Vivienda, el epicentro del fraude que involucra al Sunca.
El robo al Fondo Social de Vivienda implicó transferencias a identidades falsas, orquestadas por exdirigentes sindicales. Hay condenados y más individuos bajo investigación.
El Fondo Social de Vivienda de la Construcción (Fosvoc) se alimenta de las contribuciones conjuntas de trabajadores y empresarios del sector. Cada obrero destina el 0,025% de su salario, al igual que los empleadores, para nutrir este fondo que facilita el acceso a la vivienda a través de préstamos para compra, remodelación o construcción.
Para acceder a este beneficio, es necesario solicitarlo a través del Sunca, el sindicato que representa a los trabajadores de la construcción. Sin embargo, un grupo de dirigentes sindicales llevó a cabo una maniobra delictiva que resultó en un desfalco de más de un millón de dólares entre 2023 y 2024.
La trama fue descubierta en noviembre de 2024, tras un evento inesperado: la persona encargada de realizar las transferencias del fondo se tomó una licencia médica para someterse a una cirugía de bypass gástrico.
Fue en ese momento que comenzaron a revisar los movimientos realizados durante su ausencia.
Históricamente, las partidas se aprobaban con una doble firma: una del sindicato y otra de los representantes empresariales. Pero en 2023, por razones administrativas, el sistema cambió y se permitió operar con una sola firma digital, lo que dejó el control en manos exclusivas de la representante del Sunca.
Durante ese tiempo, la funcionaria generó cerca de 200 transferencias bancarias a nombres y cédulas que no existían. Se trataba de identidades falsas creadas para desviar fondos del Fosvoc. Las sumas eran cobradas por un grupo de dirigentes sindicales que ya están siendo procesados por la justicia.
El jueves 12 de junio, tres exdirigentes del Sunca fueron condenados a prisión. Además, la Fiscalía está investigando a otras ocho personas relacionadas con el esquema de desvío de dinero.
No solo se encontraron esas 200 transferencias irregulares.
También se identificó la entrega de 50 partidas especiales, cada una por un monto de $255.000, igualmente otorgadas a identidades ficticias. Todos estos movimientos fueron autorizados por la misma funcionaria sindical, quien contaba con más de 20 años de experiencia en el sector.
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La empleada fue despedida en diciembre de 2024, después de que se confirmara su papel como ejecutora de la estafa. Según los investigadores, actuó bajo las órdenes de los exdirigentes del sindicato de la construcción, quienes ahora enfrentan cargos por apropiación indebida y asociación para delinquir.
Este escándalo ha sacudido los cimientos de una herramienta diseñada para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, revelando las debilidades en los mecanismos de control que permitieron que, durante casi un año, se desviaran fondos sin ser detectados.
