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La justicia brasileña presiona a las redes sociales para frenar la desinformación y los abusos.
La justicia brasileña resolvió que las plataformas digitales deben actuar proactivamente ante publicaciones ilícitas, sin esperar resolución judicial, en un giro histórico sobre regulación digital.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil alcanzó este miércoles una mayoría decisiva para modificar el rol legal de las plataformas digitales, exigiéndoles una actuación más activa ante la publicación de contenidos ilegales. Esta decisión representa un cambio de paradigma en la forma en que operan redes como X (ex Twitter), Meta y otras empresas tecnológicas en el país.
La medida reinterpreta el Marco Civil de Internet, una ley de 2014 que limitaba la responsabilidad de las redes sociales, exigiendo una orden judicial para eliminar publicaciones ilícitas. A partir del nuevo fallo, las plataformas estarán obligadas a detectar y remover contenidos perjudiciales sin necesidad de intervención previa de un juez.
De los once jueces del tribunal, seis votaron a favor de esta nueva postura, mientras que uno de ellos, André Mendonça, defendió mantener el esquema actual. Según Mendonça, este tipo de intervención podría restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de críticas hacia figuras públicas o instituciones.
Esta decisión judicial no ocurre en un vacío. El debate se da en el marco del proceso penal contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de instigar un intento de golpe de Estado en 2022. Parte de la acusación sostiene que redes sociales fueron utilizadas para difundir desinformación y justificar acciones violentas posteriores a las elecciones.
Uno de los actores clave en este contexto es el juez Alexandre de Moraes. En agosto de 2024, Moraes ordenó el bloqueo de la red X en todo el país tras la negativa de Elon Musk a eliminar cuentas señaladas por divulgar noticias falsas. Luego de 40 días de suspensión, Musk accedió a cumplir con las disposiciones judiciales y la red volvió a estar operativa.
El fallo judicial también tiene resonancia internacional. Desde Estados Unidos, funcionarios del entorno de Donald Trump expresaron su preocupación y señalaron posibles sanciones contra el juez Moraes. Incluso se mencionaron restricciones de visado para autoridades acusadas de limitar la libertad de expresión.
Este nuevo escenario comenzó a delinearse tras los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro tomaron por la fuerza edificios públicos en Brasilia. Las redes sociales fueron señaladas como facilitadoras de esas acciones, motivando así un mayor control sobre su funcionamiento.
Aunque ya se alcanzó la mayoría necesaria para modificar el criterio legal, el presidente del Supremo, Luis Roberto Barroso, señaló que aún falta definir cómo se implementarán las nuevas reglas y qué mecanismos se utilizarán para equilibrar la responsabilidad empresarial con los derechos individuales.
Cabe recordar que cualquier cambio definitivo aún podría ser ajustado por el Congreso Nacional brasileño, que tiene la potestad de redactar nuevas leyes para complementar o revertir lo resuelto por el tribunal.
