Gobierno e intendentes acuerdan fondos millonarios para obras y descentralización territorial

Se firmó un acuerdo clave entre el gobierno y los 19 intendentes, con foco en descentralizar recursos, mejorar caminos rurales, obras locales y servicios públicos desde 2026.

El acuerdo busca llevar obras concretas y servicios esenciales a todo el territorio.

Después de varias idas y vueltas, el gobierno nacional y los 19 intendentes del país firmaron un acuerdo que puede cambiar la forma en que se hacen las cosas en el interior. Hablamos de un pacto que busca descentralizar recursos, darles más poder de acción a las intendencias y, sobre todo, achicar esa brecha que todavía existe entre Montevideo y el resto del país.

Lo más fuerte del acuerdo es que se fija un 3,33% del presupuesto nacional para ser manejado directamente por los gobiernos departamentales. Con eso se financiarán obras, servicios y proyectos pensados desde cada territorio, con sus propias prioridades. Es plata que va directo a donde hace falta, sin tantos rodeos.

A partir de 2026, las intendencias del interior van a tener más peso en el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). El nuevo esquema establece que el 45% de ese fondo lo manejarán ellas directamente, mientras que el otro 55% seguirá en manos del Ejecutivo. En números, estamos hablando de más de 40 millones de dólares extra para repartir en obras locales a lo largo del próximo quinquenio. Nada menor.

Pero eso no es todo. También se confirmó un Fondo de Inversiones Estratégicas por 80 millones de dólares, destinado a proyectos entre 2027 y 2029. La idea es que esa plata sirva para obras de infraestructura que realmente hagan diferencia en la vida de la gente. Puede ser un puente, una escuela o un centro de salud, según las necesidades de cada lugar.

Uno de los temas que más preocupa, sobre todo en zonas alejadas, es el estado de los caminos. Por eso, dentro del acuerdo se destinarán más de 1.700 millones de pesos para mejorar la caminería rural. En muchos pueblos, los caminos son la única conexión con todo: con la escuela, con el hospital o con la feria. Que estén en buen estado no es lujo, es necesidad.

También se habló del alumbrado público. Se acordó un subsidio de 400 millones de pesos, que se ajustará según las tarifas que defina UTE. Esto ayudará a las intendencias, especialmente las más chicas, que muchas veces tienen que elegir entre prender las luces del pueblo o pagar otra cuenta urgente.

Otro punto del acuerdo tiene que ver con premiar la buena gestión. Se actualizaron los criterios del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM), que reconoce cuando las cosas se hacen bien. No se dijo cuánto dinero se va a repartir, pero sí que se apunta a usarlo como un estímulo para administrar mejor.

Nicolás Olivera, que preside el Congreso de Intendentes, no se guardó elogios. Dijo que este acuerdo atiende reclamos históricos y valoró que todos los intendentes —de todos los partidos— hayan tirado juntos del carro. “No es común ver este nivel de acuerdo político”, comentó uno de los presentes.

El documento firmado refleja una intención clara: que los recursos lleguen más rápido, sin tanto papeleo, y con una lógica territorial. Es decir, que cada departamento decida qué necesita, sin tener que esperar que desde Montevideo le digan por dónde empezar.

Claro que todo suena bien sobre el papel. Ahora viene la parte difícil: que se cumpla, que la plata llegue y que se use como corresponde. Pero al menos, por ahora, hay un acuerdo firme que podría marcar un antes y un después en la forma de gobernar el país desde abajo hacia arriba.