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Federico Santoro fue extraditado desde Paraguay y sentenciado por lavado narco en EE. UU.
Federico Santoro, ciudadano uruguayo vinculado a la estructura criminal liderada por Sebastián Marset, fue condenado por la justicia estadounidense a 15 años de prisión. La sentencia fue emitida luego de que el acusado se declarara culpable del delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico internacional.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Santoro formaba parte de una red que recolectaba ganancias del narcotráfico y las canalizaba a través de un entramado de empresas con el objetivo de ocultar el origen de los fondos. Los movimientos financieros se realizaban en su mayoría en euros y eran transferidos mediante sociedades registradas tanto en Sudamérica como en Asia.
La investigación determinó que el uruguayo operó al menos siete empresas para concretar estas operaciones. Se trataba de firmas utilizadas para emitir facturas falsas y justificar así el ingreso de divisas en el sistema bancario formal. Además, las estructuras montadas permitían ocultar la ubicación y la titularidad real de los bienes asociados.
En total, Santoro habría logrado introducir más de 11 millones de dólares en el circuito bancario estadounidense, dinero vinculado directamente al narcotráfico. Esta operación de lavado se desarrolló durante varios años y permitió financiar actividades criminales a gran escala.
La captura de Santoro tuvo lugar en Paraguay, en agosto de 2023, como parte del operativo “A Ultranza Py”. Este mismo procedimiento permitió también la detención de Giannina García Troche, pareja de Marset, y desencadenó la orden de captura del propio Marset, actualmente requerido por las autoridades.
Tras su arresto en Paraguay, Santoro fue imputado por lavado de activos y asociación criminal, delitos tipificados por la justicia de ese país. No obstante, el proceso judicial quedó en suspenso debido al pedido de extradición formulado por Estados Unidos. La entrega del ciudadano uruguayo a las autoridades estadounidenses se concretó en julio de 2024.
Una vez en suelo norteamericano, Santoro optó por cooperar con la justicia y se declaró culpable de los cargos en su contra. Esta decisión aceleró el proceso judicial y derivó en una condena firme de 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional anticipada.
De acuerdo con las autoridades, esta condena forma parte de una ofensiva más amplia contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, en particular en aquellas operaciones que cruzan fronteras y utilizan estructuras empresariales ficticias para legitimar capitales.
Aunque no fue el único involucrado, el rol de Santoro fue considerado clave por los investigadores, ya que actuaba como intermediario financiero dentro de una red con operaciones en múltiples países. Su relación con Sebastián Marset fue mencionada en el expediente como parte del contexto general del caso, pero la condena se centró exclusivamente en los movimientos financieros realizados en Estados Unidos.
El caso volvió a poner sobre la mesa la capacidad de ciertas organizaciones criminales para montar redes complejas que operan simultáneamente en distintos continentes. El uso de empresas pantalla y transferencias entre bancos internacionales sigue siendo uno de los métodos más utilizados para lavar activos ilícitos.
En el plano regional, la detención de Santoro también generó repercusiones políticas y judiciales. Su vinculación con Marset, figura central en la agenda de seguridad tanto en Paraguay como en Uruguay, refuerza la dimensión transnacional del fenómeno narco. En este contexto, las fiscalías de ambos países evalúan el impacto de la extradición en los procesos judiciales locales aún abiertos.
Además del impacto judicial, el caso Santoro expone los desafíos que enfrentan los Estados al momento de desarticular redes delictivas con capacidad económica y operativa para operar en paralelo al sistema formal. La coordinación entre agencias internacionales fue clave para lograr la condena, y se espera que continúe en casos similares.
A medida que se conocen más detalles del expediente, surgen interrogantes sobre el alcance de las operaciones financieras y el grado de conocimiento que tenían otros integrantes de la red. Por ahora, el fallo contra Santoro representa un paso más en el proceso judicial que busca rastrear el dinero narco y responsabilizar a quienes lo canalizan hacia la legalidad.
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