Luca Manassi durante la entrevista en la que cuestionó la compra del campo.
En entrevista con Uruguay al Día, el director del Instituto Nacional de Colonización (INC), Luca Manassi, se refirió a la polémica compra del campo María Dolores por 32,5 millones de dólares. El jerarca advirtió que la operación podría presentar irregularidades jurídicas y financieras.
Según Manassi, la discusión sobre la legalidad de la compra tiene base en interpretaciones opuestas de especialistas en derecho agrario. Recordó que en 2018 un informe del doctor Jorge Fernández Reyes —utilizado por la administración de ese momento— indicaba que se requerían cuatro votos para aprobar adquisiciones de este tipo. Sin embargo, en la operación de 2025 se concretó la compra con tres votos, dos de ellos cuestionados.
El director señaló que, aunque se solicitaron informes a una universidad privada y a abogados internos del INC que avalaron la aprobación por tres votos, persisten dudas legales. “Puede haber eventuales ilegalidades, y eso es lo que también advirtió el Tribunal de Cuentas”, expresó, agregando que lo prudente habría sido frenar el proceso para evitar riesgos jurídicos.
Consultado sobre si insistir en la compra sin cumplir el supuesto cuórum legal implicaría violar la normativa vigente, Manassi respondió que sí, mencionando que la falta de cuórum está prevista en la Ley 11.029. También subrayó que, aunque no cree que haya habido intención directa de ignorar las advertencias, las decisiones se tomaron sin agotar las instancias de análisis.
En cuanto al precio pagado, Manassi indicó que el INC abonó 7.300 dólares por hectárea, mientras que informes del Observatorio de Políticas Públicas Agropecuarias (OPIPA) del Ministerio de Ganadería estimaban el valor promedio en Florida en alrededor de 4.000 dólares por hectárea. La diferencia se justificó por la infraestructura del predio y el interés de un privado en adquirirlo, aunque Manassi advirtió que no está claro si el INC podrá aprovechar esas instalaciones de la misma manera.
Además, reveló que parte del equipamiento —valuado en 2,8 millones de dólares— no fue incluido finalmente en la transacción, lo que a su entender incrementa el sobreprecio. “Sin el equipo de riego, el valor real de la operación es aún más cuestionable”, sostuvo.
El jerarca también planteó la necesidad de evaluar el impacto social de este tipo de compras, recordando que en todo el país hay cientos de solicitudes de tierras sin respuesta y colonos con carencias significativas. “Gastarse 33 millones en Florida es como ir a colonizar 18 de Julio y Ejido en Montevideo”, ejemplificó.
Sobre el proyecto productivo para el campo, señaló que el plan definitivo se elaboró después de concretar la compra y que el documento previo era solo una proyección de potencial, presentada para cumplir con requisitos legales. Esto, dijo, dificulta evaluar la viabilidad económica antes de comprometer fondos públicos.
En cuanto a eventuales responsabilidades, Manassi no descartó consecuencias jurídicas o administrativas para quienes avalaron la operación, amparándose en el artículo 150 de la Ley 11.029, que establece responsabilidad solidaria de los directores que actúen contra la ley o reglamentos. No obstante, insistió en que cualquier determinación requiere un estudio exhaustivo.
El director no considera que su voto en contra haya generado presiones políticas o marginación de su rol, y afirmó que su tarea es de contralor, fiscalización y propuesta dentro del INC. “Aporto desde lo jurídico y trabajo en equipo en lo que se pueda”, dijo.
Finalmente, cuestionó el nivel de transparencia del organismo y señaló que hay procesos que deberían ser más abiertos a la ciudadanía, como la adjudicación de tierras y la compra de predios. Confirmó que evalúa, junto a un equipo jurídico, la posibilidad de impulsar acciones legales para revisar la operación. “Estamos estudiando todas las alternativas. No descarto nada”, concluyó.
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