Niños pierden ayudas económicas por inasistencias escolares que el Estado no aborda.
Aunque criticaron el sistema en campaña, el Frente Amplio continuará exigiendo ir a clase para mantener la ayuda.
El gobierno del Frente Amplio mantendrá, al menos hasta 2026, la condición de asistir a clase para seguir cobrando la Asignación Familiar - Plan de Equidad (AFAM-PE), según confirmó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La decisión choca de frente con lo expresado por Yamandú Orsi y Gabriel Oddone durante la campaña. Ambos se habían mostrado contrarios a mantener requisitos que, en la práctica, excluyen a quienes ya están en situaciones límite.
“El componente de la retribución ya no se discute más. Se tiene que terminar”, dijo Orsi en VTV. Oddone, por su parte, apoyó eliminar condicionalidades y apostar a transferencias directas, como hacen países con altos ingresos. Sin embargo, ya en el gobierno, nada cambia.
La ley 18.227, vigente desde 2008, exige que los beneficiarios de la asignación estén inscriptos y concurran de forma asidua a un centro educativo. A través del decreto 239/015, se hacen dos cortes anuales: en julio y octubre.
En julio, se excluye a quienes no se hayan inscripto; en octubre, a quienes acumulan faltas. El primer corte de este año afectó a 6.142 menores. Solo 330 se reincorporaron tras el plazo de prórroga. El resto, 5.812, perdió la ayuda económica.
Entre 2018 y 2024, casi el 90% de las familias notificadas terminaron sin la prestación. En 2014, se cortaron 51.000 asignaciones. En 2013, fueron 32.000. En 2019, más de 15.000 en total.
El propio Mides reconoce que cortar la prestación no debería ser la respuesta del Estado. Lo afirmó Juan Martín Fernández Vallo, director de Transferencias del ministerio. Añadió que el objetivo debería ser salir a buscar a quienes se desvinculan.
“Muchas veces hay situaciones complejas, personales o familiares. Cortar la asignación sin más, no sirve”, dijo. Sin embargo, reconoció que aún no hay propuesta concreta que sustituya el sistema actual.
Una simulación preliminar del Sistema de Información Integrada del Área Social (Siias) indicó que hay 15.000 niños y adolescentes, solo del sistema público, que no se inscribieron este año. Estiman que ese número se reducirá con filtros.
El debate no es nuevo. En 2016 se cortaron 16.000 prestaciones; en 2018, otras 12.607. Durante la pandemia no hubo cortes. En 2023, se suspendieron más de 9.000. En todos los años con cortes, la mayoría de los afectados no retornó a estudiar.
Desde el gobierno afirman que están trabajando con ANEP para revisar los mecanismos. Pero también aclaran: no se cambiará la ley, al menos por ahora.
“Queremos encontrar una forma distinta de actuar, pero no tenemos una definida”, dijo Fernández. Por ahora, el Estado sigue penalizando con la billetera en vez de acompañar con presencia real.
Desde la oposición, incluso figuras como Beatriz Argimón expresaron dudas sobre la eficacia de los cortes. Pero el mecanismo sigue. Una medida que, lejos de incluir, expulsa más aún a quienes ya están afuera del sistema.
El resultado es claro: el Estado no está logrando revincular, pero sigue aplicando la misma receta. Y el mensaje a las familias más vulnerables es concreto: si tus hijos no están en la escuela, no hay guita.
