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Funcionarios esperan definiciones mientras la Intendencia de Salto gestiona la crítica situación financiera.
La nueva administración de la Intendencia de Salto, encabezada por Carlos Albisu, recibió una situación económica delicada: una deuda impaga cercana a los 7,3 millones de dólares, correspondiente a una línea de crédito histórica con el Banco República (BROU).
Durante una conferencia de prensa, Walter Teixeira Núñez y Nicolás Irigoyen, responsables del área de Finanzas del nuevo gobierno departamental, confirmaron públicamente lo que había adelantado Uruguay Al Día: la línea de crédito venció el 30 de junio y no fue cancelada por el exintendente Andrés Lima, como exige la normativa vigente.
Esta herramienta financiera, conocida como “el duodécimo”, permite que las intendencias utilicen un adelanto de fondos equivalente a un doceavo del presupuesto anual, con autorización de la Junta Departamental. Dicha autorización es válida únicamente durante el período de gobierno que la solicita, por lo que al vencer el mandato, la línea debió quedar saldada. No hacerlo representa un serio incumplimiento administrativo.
Según explicó Irigoyen, el BROU tiene la facultad de aplicar el artículo 214 de la Constitución, que le permite retener directamente las partidas presupuestales que el gobierno nacional transfiere mensualmente a la Intendencia. Esos fondos son esenciales para el funcionamiento diario de la comuna, incluyendo el pago de salarios y servicios.
El nuevo equipo económico inició gestiones urgentes para solicitar una nueva autorización de endeudamiento a la Junta Departamental, con el objetivo de evitar que el BROU ejecute la garantía y paralice la operativa municipal. El monto solicitado ronda los 7,3 millones de dólares, necesarios para cumplir con las obligaciones salariales del próximo mes.
Además del frente económico, la situación generó repercusiones políticas. Algunos ediles comenzaron a exigir informes documentados sobre el estado real de las finanzas. Varios de ellos ya adelantaron que no están dispuestos a negociar el silencio a cambio de un voto favorable, en referencia al respaldo del Frente Amplio, que fue gobierno en el período anterior.
También surgieron nuevas preocupaciones: unos 292 funcionarios designados en la etapa final de la administración Lima habrían iniciado trámites de préstamos personales en el BROU, lo que para algunos sectores sería una estrategia preventiva ante posibles ceses. En paralelo, se supo que la cooperativa COSALCO habría rechazado varias solicitudes de crédito por la incertidumbre laboral de esos trabajadores.
En palabras de Irigoyen, la situación “debe ser abordada con total transparencia”. Señaló que el equipo jurídico de la intendencia está analizando si corresponde iniciar acciones legales por el incumplimiento de pago. Si se determina que existió una violación a las normas de responsabilidad administrativa, podrían presentarse denuncias formales.
A medida que avanzan las semanas, continúan apareciendo nuevas intimaciones y reclamos. En la conferencia, Teixeira mencionó que un proveedor presentó una demanda judicial por más de 2 millones de pesos, elevando aún más el nivel de tensión financiera.
Mientras tanto, la gestión Albisu intenta poner orden en medio del desconcierto. El mensaje fue claro: “Nos vamos a hacer cargo de la deuda”, aseguraron. Sin embargo, el camino para restablecer la estabilidad financiera de la comuna será largo, y necesitará no solo respaldo político, sino también confianza ciudadana.
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