La medida apunta a fortalecer a pequeños comerciantes de frontera golpeados por el cambio.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para avanzar con el tratamiento de un proyecto de ley que busca atender una problemática que lleva años sin solución: el impacto de la diferencia cambiaria en las zonas fronterizas con Argentina y Brasil. El texto, impulsado por el Poder Ejecutivo, fue bien recibido por los legisladores y apunta a dar alivio a pequeños y medianos comercios ubicados a menos de veinte kilómetros de los pasos de frontera.
La presidenta de la comisión, Julieta Sierra, destacó que se trata de “una señal histórica” por parte del gobierno liderado por Yamandú Orsi. “Por primera vez se plantea un paquete de medidas que reconoce lo que viven día a día los departamentos del litoral y del norte”, afirmó.
Entre los puntos centrales del proyecto se establece un régimen aduanero especial para determinados productos, además de una serie de beneficios impositivos orientados a fomentar la formalidad laboral y aliviar la carga fiscal sobre los comercios chicos.
Uno de los aspectos destacados es la exoneración del 75% en los aportes patronales jubilatorios para nuevos empleos. La medida busca incentivar la contratación formal en zonas donde, como admitió la propia Sierra, “la informalidad es altísima”.
Pero no se trata solo de alivios para empresarios. También hay beneficios pensados para los consumidores. Por ejemplo, se prevé la reducción del IVA en muchos productos de consumo diario. Según explicaron desde la comisión, esto permitirá a los comerciantes bajar los precios y competir en mejores condiciones con los valores argentinos y brasileños.
Claro que la norma tiene límites. No es que va a aplicar para cualquier compra ni para cualquier producto. El esquema está pensado para compras cotidianas, como alimentos, higiene o artículos del hogar. Se fijó un tope de 2.000 unidades indexadas por operación (unos $13.000) y un máximo mensual de 10.000 UI por persona (alrededor de $63.600).
Además, el beneficio sólo corre para comercios minoristas de ramos generales ubicados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera. Y para acceder al descuento, la compra deberá realizarse con tarjeta de débito o mediante herramientas de dinero electrónico, como las apps de bancos o redes de cobranzas. No aplica a pagos con tarjeta de crédito.
En definitiva, se trata de una ley que busca atender una realidad concreta: los comercios de Artigas, Rivera, Salto, Paysandú o Río Branco —entre otros— hace rato que vienen perdiendo contra la diferencia de precios. Y con este proyecto, el Estado intenta equilibrar un poco la cancha.
Si bien todavía falta que el texto avance en el Plenario y sea aprobado en general, la expectativa en los departamentos fronterizos es alta. Muchos ven esta ley como una primera respuesta —aunque tardía— a una competencia que lleva años siendo desigual.
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